El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que el gobierno enviaría 6.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur del país para contener la migración irregular de países centroamericanos como Guatemala y Honduras. La extensa y espantosa historia de abusos vinculados con la militarización de la seguridad públicaen México hacen que sea fácil prever que esta medida podría resultar en un desastre.

Los sucesivos gobiernos de México han justificado el uso de las fuerzas armadas para operativos de seguridad pública con el argumento de que son necesarias para enfrentar a carteles de narcotráfico que están fuertemente armados y son extremadamente violentos. Sin embargo, esta militarización de la fuerza pública solo ha contribuido a aumentar la violencia y ha provocado violaciones generalizadas de derechos humanos.

La Guardia Nacional, creada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la policía federal, representa una extensión de esta militarización de la seguridad pública. La Guardia, que está previsto oficialmente que empiece a operar el 30 de junio, estará conformada en gran parte por soldados y comandada por un general del Ejército que está actualmente en servicio.

Si el gobierno de López Obrador lleva a cabo este plan, implicará el despliegue de una fuerza esencialmente militar, no contra organizaciones delictivas violentas, sino contra familias y niños pobres, muchos de las cuales están huyendo de la persecución de grupos violentos.

México tiene derecho a reforzar sus fronteras, pero es difícil pensar en una prueba menos apropiada para su nueva Guardia Nacional. Dados los deplorables antecedentes de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas en los últimos años —y especialmente del Ejército— es predecible que el despliegue termine resultando en graves abusos.

AP Photo/Marco Ugarte