JEFE DE GABINETE DE DIEGO SINHUE PERCIBE MÁS DE 157 MIL PESOS AL MES Y QUIERE GANAR MÁS.

Gana 1.8 mdp al año y ahora pide 22% más recursos.

El jefe de gabinete de Diego Sinhue, ya percibe un salario de 157 mil 875 pesos al mes, es decir, 1 millón 894 mi 507 pesos al año.

 

El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pretende incrementar el presupuesto de la Jefatura de Gabinete, un área que encabeza Juan Carlos Alcántara Montoya, quien este momento ya percibe un salario de 157 mil 875 pesos al mes, es decir, 1 millón 894 mi 507 pesos al año.

Resulta que dentro del Presupuesto de Egresos 2021 que habrá de votar el Congreso de Guanajuato, Rodríguez Vallejo concedió la solicitud del titular del área, de incrementar en un 22 por ciento su presupuesto general, es decir, más de 7 millones de pesos.

Este año, la jefatura de gabinete dispuso de 32 millones 619 mil pesos; pues para el próximo año buscan concederle 40 millones 14 mil pesos. Lo que la convierte en una de las pocas áreas del gabinete legal que se proyectó aumentos por encima del índice inflacionario.

De manera que Alcántara Montoya, quien ha sido identificado como el operador político de Diego Sinhue desde la candidatura electoral de 2018, busca 7 millones de pesos más para el ejercicio fiscal 2021, año en el que se desarrollarán las elecciones intermedias.

Para la cuenta pública 2020 la Jefatura de Gabinete contó con un presupuesto de casi 20 millones de pesos de forma anual, únicamente para los salarios de 36 personas adscritas a esta dependencia adscrita al despacho del gobernador.

Cabe señalar que en los más de 89 mil millones de pesos presupuestados para 2021, el gobierno de Rodríguez Vallejo incluye la contratación de una deuda por 5 mil millones de pesos, menos de un año después de que se le autorizara un empréstito por 5 mil 350 millones.

Y las víctimas, en el olvido…

Los 17 millones 668 mil 443 pesos contemplados para la operación de la Comisión Estatal de Víctimas apenas alcanzarán para que se contrate a una tercera parte del personal mínimo indispensable para poner en marcha el organismo que se había mantenido en el olvido durante más de siete años, porque en el Congreso de Guanajuato se resistieron a legislar en el tema.

Rochín aceptó que hay preocupación por cómo podría la Comisión cumplir con las obligaciones legales con un presupuesto limitado.

“Lo más delicado son los servicios de asesoría jurídica, conforme a la Ley de Víctimas la asesoría debe representar jurídicamente a las víctimas no solo en procesos penales, sino en otros temas”.

Por primera vez en un Presupuesto de Egresos estatal se presenta un monto para atender a las víctimas en Guanajuato, pero éste es uno de los rubros más bajos de todo el proyecto que llegó hace unos días a los diputados locales.

Por la falta de recursos para poder abrir más plazas, la Comisión Estatal de Víctimas tendrá que iniciar operaciones contratando apenas una tercera parte del personal que se incluyó en el reglamento.

En la primera etapa, la Comisión de Guanajuato contará con 14 personas más el titular, Jaime Rochín del Rincón, y solo dos especialistas en derecho para dar acompañamiento a las miles de víctimas.

“De momento solo se están autorizando dos abogados, el titular de la asesoría que será abogado litigante y otro abogado que le acompañará. Vamos a arrancar con un equipo jurídico muy pequeño en comparación con las necesidades”.

(…)

Con solo 10 millones de pesos destinados a la reparación de daño a las víctimas, la propuesta que tiene el comisionado de víctimas es que sean las instituciones responsables de las violaciones a los derechos las que asuman el pago.

Jaime Rochín mencionó que el fondo de ayuda es poco porque no se trata solo de destinarlo a víctimas de desaparición forzada, como el caso del fondo por el mismo monto que anunció a principios de año Diego Sinhue Rodríguez para los colectivos de búsqueda.

El monto tendrá que usarse también para el acompañamiento de las familias de víctimas de feminicidio, de secuestro, tortura y los múltiples delitos que se cometen en Guanajuato.

“Lo que yo pretendo es que para suplir la posible falta de recursos las instituciones que son responsables a las violaciones a derechos humanos sean las que aporte la parte de la reparación”.

El comisionado estatal dijo que la medida sería temporal hasta que el organismo tenga los recursos suficientes para actuar de manera verdaderamente autónoma.

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