El Pleno de Congreso aprobó la Ley del Presupuesto General de Egresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022. El gasto programado para ejercerse asciende a los 92 mil 669 millones 574 mil 358 pesos, asignado de la siguiente manera:
- Poder Legislativo $ 662’867,296 (seiscientos sesenta y dos millones ochocientos sesenta y siete mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)
- Poder Judicial $ 2,067’018,168.00 (dos mil sesenta y siete millones dieciocho mil ciento sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)
- Organismos Autónomos $ 7,452’956,835.76 (siete mil cuatrocientos cincuenta y dos millones novecientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y cinco pesos 76/100 M.N.)
- Administración Pública Estatal $ 59,108’291,146.01 (cincuenta y nueve mil ciento ocho millones doscientos noventa y un mil ciento cuarenta y seis pesos 01/100 M.N.), la cual se distribuye de la siguiente manera:
- Administración Pública Centralizada $38,174’559,910.15 (treinta y ocho mil ciento setenta y cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil novecientos diez pesos 15/100 M.N.)
- Administración Pública Paraestatal $20,933’731,235.86 (veinte mil novecientos treinta y tres millones setecientos treinta y un mil doscientos treinta y cinco pesos 86/100 M.N.)
- Ramos Generales $23,378’440,912.23 (veintitrés mil trescientos setenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos doce pesos 23/100 M.N.)
Las ampliaciones presupuestales para programas diversos, con sus correspondientes reducciones en otros, alcanzan los 150 millones de pesos.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta indicó que el crecimiento de Guanajuato no se podía detener y los empleos debían de continuar su curva ascendente y que las familias guanajuatenses merecían y exigían que se siguiera trabajando para recobrar su tranquilidad.
Afirmó que el dictamen permitirá atender y aplicar diversas acciones dirigidas al bienestar de las y los guanajuatenses. En ese sentido, argumentó que el gobernador del estado presentó políticas de gasto alineadas a la estrategia del Plan Estatal de Desarrollo, instrumento que establecía los caminos que se deben recorrer para poder edificar una sociedad justa, democrática, incluyente, desarrollada y armónica.
Zanella Huerta subrayó que en la entidad el gasto se regía por los principios constitucionales y legales que exigía la norma vigente, y no por decretos unilaterales que se emitían bajo criterios discrecionales carentes de transparencia.
“Solicito su voto a favor de este dictamen que presenta un presupuesto responsable y una asignación de recursos que procura el bienestar social, atiende la protección e intereses de las personas más vulnerables, incentiva el crecimiento económico, estimula la innovación y asegura la impartición de justicia”, enfatizó el congresista.
Asimismo, señaló que era un presupuesto que se sustentaba en el principio de austeridad y que diversas partidas del gasto de operación registraban ajustes a la baja y el gasto de operación del Ejecutivo tenía un decrecimiento en términos reales entre las asignaciones 2021 y 2022.
Al dirigir su mensaje a la población, el legislador precisó que era un presupuesto que se había construido en función del cumplimiento de sus derechos, para ofrecer educación gratuita y de calidad, para seguir fortaleciendo el sistema de salud del país, para ofrecer programas de capacitación y apoyos a los emprendedores, para ofrecer becas que permitan a quienes deseen formarse profesionalmente en el país o en el extranjero, entre otros rubros.
“Asumamos esa responsabilidad de frente al ciudadano aprobando el dictamen que hoy se discute, bajo una visión que nos compromete en la promoción y procuración de los derechos de los habitantes de nuestro Estado”, finalizó.
Al hablar en contra del dictamen, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández señaló una falta de prioridad a las personas más vulnerables de la entidad, por la búsqueda de favorecer a las cúpulas empresariales de Guanajuato.
Asimismo, la congresista consideró que desde tiempo atrás había existido una mala distribución en la asignación a recursos, luego de expresar que existe una mayor importancia a la difusión de los logros del Poder Ejecutivo, que el apoyo a proyectos o actividades que se enfocan en atender a las violaciones a los derechos humanos de sectores vulnerables.
“Queremos que el dinero de las y los guanajuatenses se use para combatir la pobreza, para combatir la violencia y para combatir la inseguridad. Probablemente como han venido haciendo todo el año quieran mentir para culpar todas las áreas desatendidas al Gobierno Federal pero la realidad es que hay presupuesto de sobra en Guanajuato y lo que hace falta es una distribución que tome en cuenta las necesidades de la población y no las pretensiones de los que más tienen”, dijo.
Finalmente, la diputada expresó que se le dará seguimiento a los proyectos que se plantean en el Presupuesto de Egresos, además de solicitar el apoyo de los medios de comunicación para difundir cualquier anomalía.
Por su parte, la diputada Dessire Ángel Rocha apuntó que hoy iban a cumplir con un mandato constitucional y por ello, dijo, votaría a favor en lo general del dictamen en discusión. Señaló que coincidían con el iniciante en que el origen del gasto público era la atención de las necesidades y demandas sociales que contribuyan a igualar las oportunidades para el desarrollo humano, potenciar el desarrollo sostenible, la inversión y el empleo, para que las personas puedan tener oportunidades de bienestar.
Asimismo, dijo que estaba de acuerdo con las prioridades en las que se enfocaría el gasto ya que, afirmó, era urgente que se recuperara la paz y la tranquilidad de las y los guanajuatenses; que existan más y mejores condiciones para el desarrollo pleno y en igualdad; que los servicios de educación, cultura y deporte sean más accesibles y que tengan un componente de innovación. Sin embargo, consideró que el presupuesto de egresos todavía podía afinarse como una mejor herramienta de gestión pública y que no debía de estar ajena al paradigma de derechos humanos, por lo que anunció diversas reservas.
La legisladora también resaltó el hecho de que existía un amplio margen para la discrecionalidad en el gasto público y que no se refería, dijo, a la confección del instrumento presupuestal en concreto, sino a las condiciones jurídicas que la permiten.
En ese sentido, precisó que la base legal que permitía esas ampliaciones rompía con la esencia de la intervención del Congreso del Estado en los actos que tengan que ver con la aprobación presupuestaria, sus modificaciones e interrumpían el ciclo administrativo.
“Un proyecto de presupuesto que está planificado pertinente y coherentemente, que está bien programado, debe de sufrir adecuaciones mínimas; por el contrario, si el presupuesto se modifica constantemente y peor aún, de manera discrecional, aun dentro de la legalidad, supone una planeación deficiente y, por lo tanto, el ejercicio del gasto público, sus proyectos y programas también pueden afectarse perdiendo el rumbo y dejando en papel mojado las prioridades que lo motivaron”, enfatizó.
Finalmente, Ángel Rocha reiteró su voto a favor pero, indicó que llevaba impreso la responsabilidad de emprender un estudio escrupuloso y analítico para investigar si en los últimos años, derivado de lo permisivo de los artículos 61 ter y 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, habían estado presenciando el llamado “presupuesto de egresos ficticio”, lo cual implicaría, señaló, un despropósito en los ciclos presupuestario y financiero y, en los hechos, la ruptura del equilibrio republicano.
Al hablar a favor del dictamen, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia subrayó que el Presupuesto General de Egresos es el instrumento del que disponen los poderes y órganos autónomos para que, con su ejercicio se puedan prestar servicios públicos y se atienda además a aquellos grupos sociales que requieren de apoyos para la convivencia.
Refirió que en el análisis de dicho Presupuesto se ponderó el diálogo y se contó con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Asimismo, destacó que en términos de infraestructura no habrá subejercicio pues los recursos públicos, se encuentran comprometidos.
“Es decir, si bien no se han liberado lo recursos, lo cierto es que están comprometidos, esto es contratados y se cubrirán durante el ejercicio de las acciones contratadas. Lo anterior nos permite sostener la postura de aceptación que aquí sostenemos. No obstante, todo lo anterior, es menester acotar aspectos que nos parecen de suma importancia para los guanajuatenses”, dijo.
La legisladora exhortó a los ejecutores del gasto para que en términos del numeral 62 de la Ley del Presupuesto, los recursos excedentes de los que pueda disponer la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración, mediante las ampliaciones líquidas, y conforme a los límites que se estipulan en dicha previsión normativa, los apliquen preferente y eficientemente a gastos de inversión, es decir al eje Economía para Todos, que en términos reales en comparación con el presupuesto aprobado para 2021, tan sólo crece en 2.86 %.
“Debo dejar claro, vistos los señalamientos aquí planteados que, si bien estaremos acompañando el Presupuesto, esta aprobación no implica, ni constituye un cheque en blanco, ni manos libres; de ninguna manera, se aprueba para que los distintos poderes y organismos del Estado, funcionen en aras del interés público y que con ello se cumpla con los principios de la justicia social”, agregó.
El dictamen fue aprobado en lo general por mayoría de votos. Registrándose 28 a favor y 7 en contra
