Con el objeto de garantizar y proteger los derechos de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, los derechos de las niñas y niños desde la gestación, durante el nacimiento y la primera infancia, diputados presentaron una iniciativa de Ley de Protección al Parto Humanizado y a la maternidad digna del Estado de Guanajuato.
La diputada Martha Lourdes Ortega Roque señaló que el parto era la forma natural en que los bebés nacían y el cuerpo de las mujeres tenía mecanismos naturales para desencadenarlo y llevarlo a cabo.
En ese sentido, argumentó que en el parto humanizado el personal de salud creaba un entorno de respeto y tranquilidad, permitía que la mujer se sintiera empoderada como protagonista, y la incentivaba a confiar en su cuerpo y su capacidad natural de dar a luz, evitando medicaciones contra el dolor y permitiéndole adoptar la posición en la cual ella se sienta más cómoda durante el trabajo de parto.
“Desde el punto de vista de la madre, un parto humanizado, sea natural o incluso por cesárea, en caso de una indicación médica justificada significa, sobre todo, una cosa: respeto hacia la mujer, su cuerpo, su intimidad, sus posibles miedos, su voluntad y necesidad de ser informada de los riesgos y beneficios, y sus deseos y expectativas para concluir el embarazo, es decir, hacerla protagonista de las decisiones acerca de su parto”, enfatizó la congresista.
Sin embargo, precisó Ortega Roque, en el modelo de atención que predominaba actualmente, la mujer llegaba a pasar varias horas acostada durante el trabajo de parto, y en el momento del nacimiento era llevada a una sala en donde debía adoptar una posición llamada “ginecológica” que, a pesar de ser conveniente para los médicos, era incómoda para la mujer y podía aumentar el riesgo de contracturas musculares y desgarros de tejidos.
También se refirió a las cesáreas programadas, las cuales indicó que no resultaban de una emergencia obstétrica durante el parto o una condición médica severa detectada previamente, sino que en su gran mayoría eran innecesarias porque carecían de una justificación médica estricta y que una cesárea injustificada e innecesaria era solo una de varias expresiones de lo que podría entenderse como un parto deshumanizado.
La legisladora indicó que la Organización Mundial de la Salud recomendaba cesáreas sólo en casos de necesidad y advirtió que éstas debían realizarse sólo ante casos necesarios desde el punto de vista clínico, a raíz de que se había constatado un importante crecimiento de las intervenciones quirúrgicas.
Además, mencionó que en el país ya existía normativa vigente que contenía disposiciones que hacen referencia al parto humanizado, como lo eran las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, Coahuila, Tlaxcala y Yucatán, así como la Ley de Salud de San Luis Potosí y Aguascalientes.
De igual forma, agregó que el estado de Nuevo León ya contaba con una ley específica vigente de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna y en el estado de Baja California Sur, fue aprobada la Ley para la Atención Digna de la Mujer Durante el Embarazo, Parto y Puerperio y para el Apoyo de la Lactancia Materna.
Finalmente, Ortega Roque manifestó que con la propuesta Guanajuato sería de los primeros estados en la República en legislar al respecto.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.
