Por: Melissa Espinosa/Soy Barrio
La violencia contra las y los periodistas no siempre es visible, no siempre se manifiesta en una agresión física, en una amenaza directa, en un asesinato.
Fotografía de página que difunde ataques contra los periodistas de este portal.
Existen también casos, como el de Antonieta Herrera y Ana Luz Solís, en los que reporteros y medios de comunicación son arrinconados, por nada menos que por los sujetos del poder en turno.
Verónica Espinosa, periodista que representa al gremio en el Consejo Estatal de Protección, aseguró que en Guanajuato la mayoría de las agresiones registradas contra periodistas provienen del ámbito municipal, ya sea alcaldes, funcionarios públicos o integrantes del Ayuntamiento.
Al conocer de primera mano la primera agresión de Villarreal contra las reporteras, se solicitó expedir un extrañamiento para el alcalde.
«Siempre hemos considerado que ante la reincidencia y ante la realidad de que la mayoría de las agresiones registradas en contra de periodistas en el estado vienen del ámbito municipal, era necesario poner un ejemplo, poner un hasta aquí y elevar el costo político y el costo público a los presidentes municipales, justo para que entendieran que esto no lo pueden hacer», denunció Espinosa.
La periodista afirmó que Luis Alberto Villarreal reprimió el derecho a la libertad de expresión de Antonieta Herrera y Ana Luz Solís, puesto que quería impedir que se evidenciara el conflicto interno en la Policía Municipal de San Miguel de Allende, que estalló a raíz del asesinato de dos elementos.
La falta de sanción gubernamental contra Villarreal y sus funcionarios municipales, según Verónica Espinosa, se debe a una barrera de voluntad política, ya que el Consejo Estatal de Protección está encabezado por altos funcionarios de Gobierno Estatal, que navegan con la misma bandera blanquiazul del alcalde de San Miguel de Allende.
«El alcalde actuó contra dos mujeres periodistas de manera agresiva, con este hostigamiento que no ha cesado, se asumió un llamado general que no llevaba nombres ni apellidos, creemos que eso sigue siendo insuficiente para que se entienda y para que el mensaje llegue a todos los niveles de la función pública, de cómo las autoridades están obligadas a garantizar este derecho de la libertad de expresión, del ejercicio periodístico y de garantizar a las mujeres periodistas una vida libre de violencia.»
Antonieta y Ana Luz, mujeres que ejercen el periodismo en San Miguel de Allende, se han visto más de una vez a la sombra del gobierno encabezado por el panista Luis Alberto Villarreal, situación que ha tenido severas consecuencias en su trabajo y sus vidas personales.
De forma gradual, ambas periodistas han sido hostigadas no sólo por el Presidente Municipal de San Miguel de Allende, sino por otros funcionarios del Municipio. La gravedad de ambos casos radica en que, casi de manera silenciosa, Antonieta y Ana Luz han sido llevadas al límite de su profesión, perdiendo en un caso el trabajo, en un caso, y en otro perdiendo contratos publicitarios con particulares.
Las agresiones contra ambas reporteras forman parte de los 45 casos (de periodistas y defensores de ddhh) documentados entre abril de 2019 y marzo de 2020 por el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato. Asimismo, fueron documentados entre las 18 agresiones registradas en el informe anual de la organización Artículo 19.
El informe evidencia, además, el partido dominante de los municipios en los cuales se cometieron la mayor cantidad de agresiones a periodistas: el PAN va a la cabeza, y San Miguel de Allende se posiciona como el segundo municipio, empatado con León, donde ocurrieron 3 de los 18 casos.
Desde el Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras del estado, la periodista Verónica Espinosa y la activista Verónica Cruz, denunciaron la falta voluntad política del Gobierno del Estado por hacer un llamado enérgico a Luis Alberto Villarreal, al llevar este último los mismos colores partidistas del titular del ejecutivo estatal.
De agresión en agresión
Las historias de Antonieta y Ana Luz se entrelazan desde el mismo suceso: la agresión en la que fue protagonista el alcalde panista Luis Alberto Villarreal. A partir de aquel día, el gobierno municipal encontró la manera de castigar el ejercicio periodístico de quien fuera reportera del periódico El Sol del Bajío, y de la directora del portal News San Miguel.
Fue el 26 de julio de 2019 cuando ambas reporteras se encontraban en la cobertura de una manifestación al exterior del edificio del Ayuntamiento, donde elementos de tránsito y seguridad pública protestaron por el asesinato de dos policías, quienes a sangre fría fueron atacados por sujetos armados mientras atendían un reporte de robo en la colonia Independencia, a plena luz del día el 24 de julio.
Desde una distancia razonable, ambas reporteras transmitían en vivo para sus medios: Antonieta Herrera, para El Sol de Bajío y Ana Luz para el portal News San Miguel. La llegada al lugar de Luis Alberto Villarreal marca un antes y un después en la cobertura, aunque se acercó a saludar a las reporteras, el tono hostil de su voz dejó entrever lo que vendría.
“¿Estás muy contenta estás?, ¿viniste al cambio de turno?”, comenzó a increpar Villarreal a la reportera de El Sol. Cuando Antonieta respondió que se trataba, al parecer, de una manifestación policial, el alcalde le arrebató el teléfono.
Apenas le iba a lanzar la pregunta cuando me arrebató el celular, tocó la pantalla y me dijo: «esto no es lo que estás diciendo, esto es el cambio de guardia».
Al retomar la transmisión, se alcanza a escuchar “alcalde, no me haga eso” en la voz de Antonieta, y de nuevo, Villarreal toma la palabra.
“Te voy a pedir un favor, publican notas que no tienen rigor periodístico, este es el momento de ver de qué lado estamos, si estamos del lado de la delincuencia o si estamos del lado de la sociedad. “
El mismo mensaje fue reiterado para Ana Luz Solís, aunque a su estilo, el protagonista del videoescándalo panista de juerga y bailarinas, reclamó: “desconozco el origen de las notas que tú publicas, lo que sí he visto son mentiras de risa loca”
Ambas intervenciones, le valieron al Presidente Municipal una queja ante el Consejo Estatal de Protección a Periodistas, otra ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado (PDHEG) y finalmente, una denuncia ante la Fiscalía estatal por delitos contra la libertad de expresión.
«En esta ocasión ya se atrevió a quitarme mi herramienta de trabajo de las manos, en otros momentos han sido malos tratos y bloqueos de información. Él va a otros medios y a la radio local a decir que mis notas no están respaldadas y son una mentira. Yo sigo haciendo mi trabajo», denunció la periodista.
A partir de ese momento, ambas reporteras han sido víctimas de bloqueos informativos, económicos y hasta despido laboral.
Antonieta Herrera fue despedida el 4 de marzo de 2020, después de 7 meses de la agresión. La reportera describe su último periodo como reportera de El Sol del Bajío como algo «terrible», pues además de que fue forzada a ampliar su jornada laboral, sus notas redactadas de la agenda diaria, paulatinamente, dejaron de ser publicadas en el periódico.
El hostigamiento provenía directamente de Catalina Reyes Colín, quien ejerce la función de subdirectora regional de la empresa. La situación de Antonieta fue señalada en una carta de denuncia redactada por el editor de las secciones de metrópoli y región, Anselmo Eugenio Amézquita, en febrero de 2020.
«Es interesante este caso de San Miguel de Allende. La señora (Catalina Reyes), cuando se expresa de la reportera de San Miguel de Allende, Antonieta Herrera, lo hace de manera despectiva, a sus espaldas y en cuanta oportunidad se le presenta en la redacción, busca apagar la labor de Herrera, denigra y minimiza su trabajo.»
En el caso de Antonieta Herrera, transcurrieron 7 meses en los que fue hostigada además por las autoridades de El Sol de El Bajío, la empresa de la Organización Editorial Mexicana, terminó sin justificación su relación laboral con la reportera.
Mientras esto ocurría, el director estatal de la OEM, el empresario Alejandro Herrera, el vicepresidente ejecutivo de la OEM, Francisco Torres Vázquez y el panista Luis Alberto Villarreal posaban en fotos, como dos viejos amigos, en la celebración del 70 aniversario de el periódico.
Herrera cuenta con antecedentes de acoso laboral relacionados a la censura, tras ordenar el despido injustificado de la reportera Josefina Montecillo de El Sol de Salamanca en 2016. Aunque lo ocurrido se encuentra en una queja ante la PDHEG, el caso fue olvidado sin garantizar pleno acceso a la justicia para la reportera salmantina.
A 15 meses de la primera agresión, Antonieta Herrera fue incorporada al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, después de documentar acoso por parte de personal de la Policía Municipal de San Miguel de Allende. Fuentes cercanas a la corporación informaron a ambas reporteras que estaban siendo monitorieadas por el Municipio con recursos del Centro de Cómputo, Comunicaciones y Control de San Miguel de Allende.
Después de un incidente en su domicilio, se ordenó la implementación inmediata de las medidas de seguridad, aplicadas en conjunto con el Consejo Estatal de Protección. Sin embargo, el 14 de noviembre quedó evidenciada la poca coordinación entre ambos organismos, quienes ordenaron a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado acudir al domicilio de Herrera.
La orden dictada para la periodista era originalmente, para ser ejecutada en el municipio de Salamanca. Así lo confirmó el Secretario Técnico del Consejo Estatal, Adrián Nájera Ramírez.
El trato recibido por los responsables del Mecanismo y del Consejo Estatal después del grave error, en el que la periodista fue revictimizada desde la federación, concluyó en que la misma Antonieta se vio obligada a solicitar a través de un oficio la correcta implementación de su plan de protección, como otro trámite burocrático.
«Desgraciadamente los periodistas de Guanajuato estamos siendo nota, cuando un periodista no debe de ser nota, se me ha dejado muy en claro que si no dejo mi antecedente no existió, fue mi culpa que me quitaran el teléfono, fue mi culpa que me corrieran del Sol del Bajío.»
Bloquear económicamente a medios y periodistas es otra astuta herramienta para implementar la censura. La agresión de Villarreal contra las periodistas desencadenó, además del despido de Antonieta Herrera, que paulatinamente el portal News San Miguel fuera perdiendo clientes publicitarios.
El periodo de bloqueo, en el que Ana Luz perdió a 6 clientes que a través de publicidad sostenían económicamente el portal, coincidió también con la llegada de Elizabeth Reyes Espino a la Dirección de Comunicación Social de San Miguel de Allende.
No sólo eso, los bloqueos han estado acompañados de ataques en redes sociales personalmente dirigidos a Ana Luz, así como al medio News San Miguel.
«Mandan hacer memes, mandan troles, a sus bots a trabajar en contra mía , a decir que somos mentirosos, que inventamos cosas, esa es su guerra contra mí, decir pseudo medio, pseudo periodista.»
En diciembre de 2019 durante una sesión de cabildo, Luis Alberto Villarreal declaró que en el municipio “existen quienes tienen una agenda de descrédito” con el fin de obtener una ganancia política, refiriéndose a los medios que explicó “están atacando de manera vil, ruin y cobarde” al municipio que gobierna.
Las declaraciones de Villarreal eran sólo el preámbulo de lo que vendría: la noche del 13 de febrero una turista fue víctima letal de una bala perdida tras un ataque armado en el centro del San Miguel de Allende; News San Miguel fue de los pocos medios locales que dio cobertura al hecho.
El 14 de febrero en un grupo de Whatsapp administrado por ella misma, la ex directora de comunicación social, Elizabeth Reyes, circuló mensajes denostando el trabajo periodístico de Ana Luz, en particular, la nota del asesinato de la turista ocurrida la noche anterior.
Ante esta nueva amenaza y más de medio año de hostigamiento, Ana Luz Solís interpuso una segunda queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado por acoso y amenazas contra su integridad. Un mes después, Elizabeth Reyes dejó el cargo.
«Me he visto afectada principalmente en lo económico, hizo que todos los clientes se fueran, los amenazaron con hacerles auditorías, o mandar revisiones, revisar cómo está su uso de suelo, clientes que ya tenía los amenazaron diciendo que no les iban a dar uso de suelo.»
La ahora exfuncionaria de Villarreal, tras permanecer 9 meses en el puesto, llegó la Coordinación Institucional de la Secretaría de Educación de Guanajuato. En un breve periodo de tiempo, de 2016 a 2020, manejó las áreas de comunicación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), el Instituto Cultural de León, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, hasta Comunicación Social de SMA y su más reciente cargo en la SEG.
Por:Melisa Espinosa Soy Barrio
