Por: Oscar Alzaga*
Germán Larrea, Vicente Fox, Napoleón Gómez Urrutia
La pareja Salinas de Gortari-Arsenio Farell fue experta en quiebras ilegales de empresas del Estado, como una vía de la privatización y jugosos negocios. Para ello recurrieron a violar leyes al por mayor, empezando por la Constitución. Desde el sexenio de la Madrid iniciaron las primeras privatizaciones, pero las grandes las reservaron para el gobierno de Salinas. Como no podía ser de otro modo, pues el propio Salinas como presidente surgió de un fraude electoral descomunal, causado por la salida de las bases del PRI y la sombra del general Cárdenas.
Ya lo advertía Jorge Carrión en la revista Política (1960): “la presencia de Lázaro Cárdenas sigue viva en el pueblo y en el rencor de la oligarquía”. En 1988 seguía viva, como el pueblo lo externó en esa lucha. El fraude electoral no dejó ninguna duda, lo prepararon desde la cúpula empresarial nacional y extranjera, con las jerarquías de la Iglesia y el PAN, y el gobierno de Estados Unidos (EU); durante la campaña electoral fue creciendo la movilización popular en torno al Ing. Cárdenas y reduciendo la del PRI. La política neoliberal tiene como acta de nacimiento el fraude, la ilegalidad y la violencia. Mueren más de 400 militantes del PRD en ese sexenio. El 10 de enero de 1989 Salinas, con el ejército, da un charrazo contra los petroleros —que los medios desvirtúan como quinazo, como si fuera personal el conflicto—, y el 20 de agosto de 1989 mandó al ejército a tomar Cananea, repitiendo actos cobardes del dictador Díaz (1906) y los charrazos de Miguel Alemán (1946-1952).
La toma de la minera de Cananea por el ejército fue para imponer la quiebra ilegal de la empresa estatal por “inviabilidad financiera”, pese a que los años previos fueron de auge económico y a que quebrar una empresa pública era tanto como quebrar al mismo Estado, su propietario. A esa quiebra siguió la privatización, con amenaza de despido a los mineros y la mutilación del contrato colectivo de trabajo (CCT), pero la tradición de lucha de los mineros y las huelgas previas, dejaban ver que no sería fácil lo último.
La privatización de Cananea y las principales minas de Sonora fueron un regalo para Grupo México de Jorge y Germán Larrea, como Telmex para Slim, Peñoles para Bailleres y Altos Hornos para Ancira, todos en el gobierno de Salinas. Y este decidió, para calmar a los trabajadores, que para ellos fuera el 4% de las acciones en Telmex; 5% en Cananea (con el 96% y el 95% para los oligarcas). Pero en Cananea, de 1989 a 2004, Larrea decidió no entregar nada, por lo que el Sindicato Minero tuvo que presionar con la huelga, que llevó a Larrea a pagar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) el 5% (55 millones de dólares).
Pero ese pago legal Larrea lo convirtió en vendetta contra el líder Napoleón Gómez Urrutia y el Sindicato. Con varios despachos organizó decenas de demandas contra ellos: laborales, penales, civiles, etc. En 2006 la relación laboral se hizo política, cuando el 17 de febrero con el apoyo de Fox la STPS retira a Gómez Urrutia la toma de nota del Sindicato Minero y la entrega a favor de un empleado de Larrea, llevando a cabo el asalto al edificio central del Sindicato, con 300 golpeadores, intentando un charrazo, pero ante la firmeza y unidad de los mineros Larrea y STPS fracasan en el intento.
El 19 de febrero de 2006 la tragedia de Pasta de Conchos, con la muerte de 65 mineros por imprudencia del patrón, lleva a Gómez Urrutia a denunciar a Larrea y a la STPS por permitir que siguiera funcionando la mina sabiendo el riesgo que se corría, y acusa a gobierno y patrón de cometer un homicidio industrial. La respuesta inmediata fue: 19 órdenes de encarcelamiento contra el líder sindical, teniendo que salir al exilio forzado a Canadá, desde donde seguiría dirigiendo al Sindicato, gracias al reconocimiento y unidad de los mineros, quienes el 2 de marzo organizaron una huelga general de un día, que en Lázaro Cárdenas, Michoacán, continuaría el paro hasta el 20 de abril, día en que el ejército y la antigua Policía Federal Preventiva (PFP), con el apoyo de 2 mil policías del gobierno Michoacán, intentaron desalojar a los mineros; sin embargo la resistencia de los trabajadores y el apoyo de la población obligaron a retirar a ambas fuerzas represivas, con un saldo de dos mineros muertos y 51 heridos de bala. En abril de 2007, por medio de un amparo, el sindicato recuperó la toma de nota de su líder.
En Pasta de Conchos Larrea impone su voluntad al gobierno e impide el rescate de 63 mineros a los 5 días de la tragedia, sin saber aún si había mineros vivos o heridos en la mina. Larrea y sus abogados temen que el rescate lleve a revelar la verdad y la responsabilidad patronal. Pese a la protesta de familiares y mineros, el gobierno de Fox apoya la criminal postura patronal. Recuérdese que en la Mina San José, en Chile, a los 17 días de la explosión encontraron vivos a 33 mineros, que rescató aquel gobierno. En Cananea, Taxco y Sombrerete los líderes locales exigieron a la STPS inspecciones de seguridad e higiene, resultando las tres minas con altos niveles de peligro, a lo que no hicieron caso Larrea y Grupo México, y procedieron, además, a negar la representación sindical local y nacional.
Por ese motivo en las 3 secciones sindicales se emplazó a huelga por violaciones al CCT y, ante la negativa patronal a conciliar la solución del conflicto, las tres estallaron el 30 de julio de 2007. Larrea pide a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la inexistencia de las 3 huelgas, lo que de inmediato le conceden, pero con 3 amparos del Sindicato pierden Larrea y la JFCA; y en los 3 casos vuelve a pedir la inexistencia que otra vezle conceden y de nuevo pierden con amparos del Sindicato; en Cananea se repitió hasta 4 veces, las mismas que perdió, quedando por fin las 3 huelgas declaradas existentes.
Ante la legalidad de las huelgas Larrea acude a recursos para acabar con ellas. En Taxco demanda, en plena huelga, la terminación de las relaciones de trabajo por el agotamiento de las reservas minerales, lo cual le concede la JFCA, pero pierde el juicio con las pruebas del Sindicato, que exhibe la declaración de Larrea, en sentido contrario, ante la Bolsa Mexicana de Valores; en Sombrerete Larrea usa un sindicato de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC) para demandar la titularidad del CCT, que pierde en el recuento; luego usa un sindicato de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI) en la segunda demanda de titularidad del CCT, en plana huelga, con un padrón de socios abultado con obreros liquidados y otros muertos, que en 2021 pierde Larrea en la Segunda Sala de la Suprema Corte, ganando la huelga de Sombrerete y el Derecho de Huelga para las y los trabajadores de México.
Siendo Cananea la empresa más importante del Grupo México, Larrea apresuró sus recursos ilegales y en plena huelgademandó la terminación de las relaciones de trabajo y del CCT, “por causas de fuerza mayor”, en juicio contra 1200 mineros despedidos sin justificación alguna, precipitando el laudo y losamparos a favor del patrón. En solamente un día, el 14 de abril de 2009, se llevó todo el juicio, lo que siempre lleva años en la JFCA, hasta lograr que el tribunal Colegiado y la misma Suprema Corte aceptaran la prueba de inspección en la mina que dio “la fe de hechos” de que las causas de fuerza mayor eran ciertas. Pese a que la inspección no se realizó, todas las autoridades la aceptaron como válida.
Para lograrlo, Larrea acudió a jugar su carta mayor: puso a su abogado particular Gómez Mont como secretario de Gobernación de 2008 a 2010, en el gobierno de “haiga sido como haiga sido”. Perdidos en definitiva los 1200 despidos, el CCT, la representación sindical en Cananea y la huelga, todo en 2011, aunque preparado en 2009 y 2010. El Sindicato Minero acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de enero de 2012 a pedir justicia, la que le negó México bajo esos gobiernos. En 2017 al rendir su informe en la CIDH, el Estado mexicano negó que fuera verdad lo señalado por el Sindicato y pidió que se negara la admisibilidad solicitada, haciendo el ridículo el gobierno de Peña Nieto al solo afirmar su dicho sin pruebas; en la réplica, el Sindicato, con pruebas certificadas, acreditó todas las violaciones señaladas, a la vista, ilegales. De esa manera, el 6 de mayo de 2021 la CIDH otorgó la admisibilidad al Sindicato, estableciendo para septiembre el inicio del diálogo amistoso o conciliación para buscar una solución del conflicto de Cananea, pues la CIDH reconoció como válidas las violaciones de derechos humanos expuestas, con pruebas, por el sindicato.
En 2007 en una operación bien orquestada con la STPS, JFCA y gobiernos en los tres niveles demandó, usando a la patronal FNSI de Monterrey, la titularidad de 8 CCT del Sindicato, notificando dos días antes la fecha del recuento y amenazando a los obreros de despedirlos en caso de votar por el Sindicato Minero. De un manotazo Larrea se llevó los 8 CCT y más de 9 mil mineros.
En 2008 la STPS negó la toma de nota a Gómez Urrutia, pero con el amparo del Sindicato se ganó de nuevo en 2012, que se apoyó en la contradicción de tesis que presentó el magistrado Héctor Mercado, que limitó el papel de la STPS a realizar meros actos administrativos y no jurisdiccionales, que no le corresponden.
Otra arma poderosa del oligarca Larrea es la manipulación de los medios, además de las autoridades, en 2006 y 2007 Televisa, TV azteca, radio y prensa presentaron spots al mayoreo, acusando a Gómez Urrutia de huir del país con los 55 millones de dólares de los mineros, influyendo no solo en la opinión pública, sino también en personas universitarias y de izquierda. Lo cierto es que el 19 de junio de 2007, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera (FITIM) presentó a Felipe Calderón y a la Cámara de Diputados de México un estudio detallado del reparto de los 55 millones de dólares, sin que los medios dieran cuenta de ello, salvo algunos. En cambio, cuando Larrea impulsó las demandas laborales a través de despachos patronales y estos logran congelar las cuentas bancarias del Sindicato por más de 27 millones de pesos, para estrangular las finanzas sindicales, nada se dijo por esos medios, tan conocidos por sus mentiras cotidianas,chayoteras.
Hoy que las tres huelgas siguen vigentes 14 años después y con la mayoría de los mineros, gracias a una enorme resistencia y unidad en torno a su dirección, Larrea se sigue negando al diálogo social con el Sindicato, cuyo líder regresó a México a raíz de la invitación del entonces candidato a la presidencia de la república,Andrés Manuel López Obrador, a que fuera candidato al Senado, por Morena, donde ahora es el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado de la República.
*Abogado del Sindicato Minero y de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) y miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas (ALAL) y la Asociación Internacional de Juristas Democráticos (AIJD).
