En sesión ordinaria, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer las instancias que pueden solicitar la remoción del Fiscal General de Justicia del Estado, además de la que actualmente establece.
En la exposición de motivos, la iniciante mencionó que actualmente la legislación señala que “El Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Gobernador del Estado por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General del Estado será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción”.
Sin embargo, consideró que es necesario realizar las modificaciones legales a efecto de establecer la facultad al Congreso del Estado de remover el Fiscal General del Estado.
Refirió que el marco normativo actual es un obstáculo para la exigencia de resultados a la Fiscalía, porque desde el diseño Constitucional se creó un blindaje jurídico que protege al titular, poniéndolo a salvo de una posible destitución, toda vez que conforme a esa disposición constitucional, única y exclusivamente el gobernador del Estado es el facultado para remover al Fiscal.
“Nadie más posee esa atribución. Nadie, ni siquiera esta Asamblea, representante de la Soberanía Popular. Y aún en el improbable caso de que el Gobernador del Estado, algún día, en un arranque de valor y de responsabilidad, decidiera remover al Fiscal, la norma constitucional diseñada para protegerlo podría salvarlo, al disponer que, con una votación de apenas diez representantes populares si hubiera el quorum mínimo, podría dejarse sin efecto aquella remoción”, lamentó.
La legisladora reprobó el trabajo que ha desempeñado el Fiscal General del Estado, pues dijo, los índices en materia de inseguridad van en aumento y han cobrado la vida de cientos de ciudadanos guanajuatenses.
“Se esperaría que un funcionario así de protegido tanto por la Constitución como por la Ley se esmerara en el cumplimiento de su función y ofreciese al pueblo de Guanajuato los mejores resultados de su gestión. Desgraciadamente no es así, y los habitantes de Guanajuato sufren día a día la ineficiencia y la ineficacia de la actividad de la Fiscalía”, añadió.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
