En un espacio de 5 años, veinte elementos han sido asesinados, lo peor es que ni siquiera tienen derecho a crédito de vivienda, la corporación se encuentra harta y exige mejores condiciones laborales.
Las condiciones en las que los efectivos policiacos trabajan en Irapuato son realmente deplorables pues son pocos los “afortunados” que cuentan con un arma; 20 de estos servidores públicos han sido asesinados en los últimos 5 años y el peor de los colmos es que han perdido el derecho a un crédito hipotecario a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).
Sin duda este tipo de acciones dejan ver la poca importancia que las autoridades brindan a esta institución, todo esto pese a ser el segundo municipio más poblado del estado de Guanajuato.
Fotografías por: Edith Domínguez
En el primer semestre de este 2022, Irapuato acumula 237 víctimas de homicidio doloso, según información del Observatorio Ciudadano de este municipio.
El 28 de junio, tras salir de turno y luego de 22 años de servicio, el comandante en activo Juan Carlos Moreno Ayala, fue asesinado, lo que provocó el paro laboral de sus compañeros y que terminó en protesta para exigir la atención de las autoridades y exhibir las precarias condiciones laborales que se suscitan en este ente.
Según refirieron los elementos, después del ataque SOLO se acordonó el área y levantaron el cuerpo, pero según refirieron no existió operativo a fin de detener a los responsables del crimen.
Cabe señalar que apenas dos días antes del homicidio del comandante Moreno Ayala, fue asesinado J. Reyes Méndez Jiménez, exdirector de la policía de Irapuato, quien solo estuviera en el cargo 11 días y presentó su renuncia al haber recibió coronas florales fúnebres cómo innegable mensaje de amenaza.
Por su parte, el gobierno municipal solicitó la baja sin tomar medidas tales como asignar escoltas a Méndez Jiménez porque “no los había solicitado”, señaló Ricardo Benavides, el tercer secretario de Seguridad Ciudadana municipal en los 9 meses que lleva el gobierno de Lorena Alfaro García.
Los policías de Irapuato hicieron su propio pase de lista frente a la presidencia municipal, para recordar a sus compañeros asesinados en los últimos años.
Javier Castañeda Vargas, Luis Palafox, Federico Zavala Díaz , Sonia Arellano, Rafael Negrete Castillo, Alejandro Huerta, Gabriela Núñez, Citlali Esquivel Bautista, Martín Rodríguez Mendoza, Juan Carlos Moreno Ayala, J. Reyes Mendez Jiménez, Roberto Contreras, Christopher de Jesús Abad Anteles, Alejandro González Rivera, Israel Barrios, Miguel Caudillo, Francisco Andaracua, Gustavo Luna, Antonio Ramírez Delgado, fueron los nombres que resonaron en el pase de lista.
Estos hombres y mujeres valientes, enfrentan a la muerte día con día, sin importar que no cuenten con prestaciones de ley, ni uniformes, ni herramientas necesarias para desempeñarse dignamente, además de percibir apenas un salario de 8 mil 530 pesos catorcenales, hablando de policía raso.
Una mujer policía aseveró con indignación: “También tenemos familia, tenemos hijos, tenemos padres, nos están dejando en el abandono”, mientras sostenía en sus manos la cartulina con la que exigía mejores condiciones laborales y garantías de seguridad.
Durante el primer semestre de 2022 han sido asesinados seis policías y expolicías en Irapuato. De 2018 a 2021 fueron 21 víctimas de la corporación municipal, a las que se suman elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Ejército y Guardia Nacional asesinados en el municipio.
El domingo 26 de junio, el director de la policía irapuatense, J. Reyes Méndez, fue asesinado en la colonia Villas San Ángel, cuando hacía un mes había recibido en su domicilio arreglos florales fúnebres, luego vino el atentado contra quien fue su escolta y que afortunadamente sobrevivió.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó, primeramente, que se le había pedido dejar el cargo por “motivos personales”, pero luego del asesinato, Ricardo Benavides, expresó que J. Reyes pidió su baja por las amenazas que había recibido.
Compañeros del exfuncionario reclamaron a las autoridades por no haber realizado una ceremonia para despedir al hombre que entregó 18 años de su vida a la corporación.
Sin sintiendo el dolor por el asesinato del director, se dio una nueva baja con el asesinato del comandante Juan Carlos Moreno Ayala, ocurrido el 28 de junio en la avenida Las Ánimas de la colonia 8 de junio.
Al día siguiente de este altercado, al menos 50 elementos se manifestaron frente a la presidencia municipal, con el propósito de, además de evidenciar las pobres condiciones en las que se trabaja, para pedir la destitución del recién nombrado secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides.
“Cuando mataron al comandante, nadie hizo nada, nadie habló por radio, nadie organizó la operatividad, se las abandonaron barata”, señaló una de las manifestantes.
“Hay veces que ni arma nos dejan, las compartimos. A veces andamos sin armas”; evidenciaron hombres y mujeres policías que afirman que los policías municipales se ven en desventaja técnica, táctica y operativa ante los grupos criminales que operan en Irapuato.
“¿A qué vas como policía a ponerte con un convoy de 8 camionetas, 40 personas con armas largas y tú con tu pareja con un arma corta? Salimos, un compañero corta con su arma 15 cartuchos tiro a tiro y le tiramos a personas que traen fusiles de asalto de modo ráfaga, armas largas. Así seas el más preparado, con un solo cargador hasta ahí llegamos”, continuaron.
En las pancartas que se observaban se leían mensajes como: “Irapuato huele a muerte. Nos están matando. ¿Ahora quién más? ¿Qué nombre saldrá en su tómbola de la muerte? Sin prestaciones y trabajando entre la muerte… ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¡Ya basta! Queremos vivir”.
El escenario es devastador ya que la última vez que les entregaron botas y uniformes fue hace más de un año, cuando Ricardo Ortiz se encontraba en función como presidente municipal, situación que ya provocado que muchos de ellos compren por sus propios medios, pantalones y botas; y ni qué decir de las patrullas y los chalecos antibalas que también se encuentran en pésimas condiciones.
Por si fuera poco, el gobierno de Lorena Alfaro dio por concluido un convenio que se estableció hace más de 10 años con el ISSEG, que permitió a los elementos tener acceso a un crédito hipotecario porque a diferencia de otros trabajadores, un policía no es candidato de Infonavit a un préstamo para comprar vivienda por los riesgos que acompañan su trabajo.
Este duro golpe tiene otras repercusiones pues tal convenio con el Instituto de Seguridad Social Estatal también tiene descuentos en la cadena de farmacias ISSEG.
En caso de fallecimiento la familia podría recibir 400 mil pesos. “Es una miseria, acabamos de firmar y vimos que es el 50 por ciento menos lo que nos darían”.
Tampoco existen horas extras, pese a que suelen cumplir hasta 5 antes de comenzar turno, para luego cumplir con la jornada completa, pero si alguno se duerme es arrestado durante 36 horas .
El 16 de mayo, cuando Ricardo Benavides llegó a la Secretaría, sin conocer a la tropa, envió un mensaje que dejó indignación entre los elementos. En aquel primer encuentro el funcionario dijo: “saquen las manos de cualquier actividad irregular o vinculada con bandas delictivas. No permitiremos actos de corrupción o acciones que pongan en riesgo la vida de sus compañeros o vulneren la seguridad de los ciudadanos, actuaremos con todo el pesos de la ley”.
No obstante, esa advertencia solo reflejó el desconocimiento del nuevo secretario sobre las condiciones particulares de la policía irapuatense.
“Quien se retira es porque ama su vida y porque necesita estar vivo para su familia, no precisamente porque están coludidos, no sé con qué gente haya tratado ese señor, no sé qué traiga en mente, pero aquí no nos sirve, ni es de Irapuato, no conoce la problemática, queremos un mando que sea de Irapuato y que no lo maten, un mando que haya salido de la tropa”.
Durante el paro para exigir mejores condiciones laborales, algunos elementos recibieron mensajes de sus compañeros que decidieron seguir en funciones para no dejar sin seguridad la ciudad, en los que les advertían que los mandos habían pedido identificar por nombre a los protestantes, por lo que algunos se retiraron ante el temor de ser despedidos.
Asimismo, fueron alertados de que los policías antimotines de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) se encontraron en algunas delegaciones de Irapuato listos para actuar, pero el mensaje fue claro: “no vamos a pelear con compañeros de sangre azul, solo pedimos nuestros derechos. Aquí tenemos compañeros dolidos, ya nos cansamos de quedarnos callados, ya nos casamos de que nos pisoteen”.
Ante la decisión de mantener el paro, el primero en llegar al lugar fue Julio César Gonzalez Borja, director general de Proximidad, para ofrecer un encuentro con el secretario de Seguridad y el secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez, pero solo recibirían a una comitiva de cinco policías, sin medios de comunicación, y aunque al principio no aceptaron, luego accedieron durante a nombrar una comitiva que estuvo dentro de la presidencia municipal más de 90 minutos.
Luego del encuentro quedaron en el aire promesas que se quedaron en un papel que no firmaron las autoridades que representaron al gobierno de Lorena Alfaro ante la comitiva de policías.
La minuta expuso cinco acuerdos:
1. El gobierno municipal no retomará el convenio con el ISSEG, un cambio ofrece “gestionar” con cajas de ahorro e instituciones financieras la opción de préstamos personales e hipotecarios, aunque esto podría representar tasas de interés más altas.
2. “Analizar, revisar y en su caso buscar alternativas” para que los elementos de la policía puedan portar armas fuera de servicio al estar francos. Sin embargo, no es competencia municipal la regulación de portación de las armas, sino que se encuentra en una ley federal que estipula que elementos de seguridad solo pueden traer armas cuando están en activo.
3. La gestión “de uniformes de calidad y equipamiento adecuado”.
4. Capacitación constante al personal de todas las unidades administrativas que forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal.
5. Compromiso de que no habrá represalias contra elementos que participaron en la protesta.
Al final del escrito solo aparecen las cinco firmas de las y los policías que conformaron la comitiva para el diálogo con el secretario del Ayuntamiento, la Oficial Mayor, el secretario de Seguridad Ciudadana, el director de Asuntos Jurídicos y la directora de Recursos Humanos . Las autoridades dejaron en blanco los espacios destinados para la firma.
El gobierno de Lorena Alfaro tiene al menos 600 millones de pesos de presupuesto para la seguridad, por ende, la falta de recursos económicos no tiene que ser un argumento del gobierno municipal para subsanar las carencias que expusieron policías durante la protesta.
Raúl Calvillo, director general del Observatorio Ciudadano Irapuato, puntualizó que para este 2022, el 30 por ciento del total del presupuesto municipal se etiquetó para seguridad, información que obtuvo vía transparencia.
Dijo que el recurso debe verse reflejado en equipamiento, porque aunque no se tienen los detalles del monto destinado a gasto corriente y el pago por la seguridad, “creemos que alcanza para atender las necesidades de la corporación y dotar de armas de fuego a todos los elementos”.
Para Calvillo la manifestación fue una llamada de atención a las autoridades, para mejorar el clima laboral que se ha deteriorado “con tanto cambio” de titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Fuente: POP LAB
