La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom), órgano encargado de la planeación, programación y realización de la obra pública en el estado de Guanajuato, así como de la generación de políticas públicas para fomentar la conectividad universal y propiciar una movilidad segura e incluyente, enfrentará un alarmante recorte presupuestario de 2 mil 650 millones de pesos para el próximo año. Esta reducción, que representa más del 50% de su asignación actual, se convierte en el golpe más contundente entre las 13 dependencias estatales. Para contextualizar, este año Sicom manejó un presupuesto de 4 mil 128 millones, pero en el 2024 se verá limitada a escasos 1 mil 478 millones.

La preocupante realidad se evidencia en un análisis comparativo entre el Presupuesto de Egresos 2023 y el proyecto para 2024, presentado al Congreso del Estado el 25 de noviembre. De las 13 dependencias, solo cuatro experimentarán aumentos presupuestarios, mientras que nueve se enfrentarán a recortes.

Por otra parte,Jesús Oviedo Herrera, secretario de Gobierno, menciona que el gobernador se muestra dispuesto a otorgar más fondos a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, si así lo requiere. Sin embargo, esta declaración contrasta con la asignación de 16.3 millones de pesos a dicha comisión para el 2024, cifra idéntica a la asignada en el presente año. Esta aparente falta de compromiso financiero para abordar temas cruciales como la búsqueda de personas desaparecidas suscita interrogantes sobre las prioridades y el enfoque de la administración en el manejo de los recursos públicos.

En este contexto, la obra pública, responsabilidad central de Sicom, queda en el olvido, sumida en la incertidumbre y la falta de recursos. La significativa disminución presupuestaria plantea desafíos sustanciales para la ejecución y mantenimiento de infraestructuras clave, afectando directamente a la comunidad que depende de estas mejoras para su calidad de vida. Esta situación destaca la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de las decisiones presupuestarias, con un enfoque más equitativo y sostenible que aborde las necesidades esenciales de la población y garantice un desarrollo integral en la región.