La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Guanajuato, a que elabore y remita un diagnóstico sobre el acoso y el hostigamiento al interior de la administración pública estatal y las acciones de prevención y atención llevadas a cabo por cada instancia de la administración pública estatal.
De igual manera, la actualización del protocolo para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual en la administración pública del Estado de Guanajuato emitido por el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses en 2017; y los mecanismos de evaluación propuestos para el seguimiento de la implementación del protocolo en mención.
En las consideraciones, la congresista indicó que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Misma que se manifiesta de diferentes formas, siendo el acoso sexual un tipo de violencia que perjudica gravemente la salud emocional y patrimonial de aquellas mujeres que deciden participar en la vida laboral de nuestra sociedad.
Agregó que el acoso sexual es una manifestación de relaciones de poder y que las mujeres están más expuestas a ser víctimas porque regularmente están en posiciones de menos poder, lo que las coloca en una condición de más vulnerabilidad.
La legisladora calificó de lamentable que existan casos en los que se acusa a funcionarios del gobierno estatal y gobiernos municipales sobre presuntos ejercicios de acoso y hostigamiento sexual, en los cuales existe impunidad, encubrimiento y simulación. A la par de que las víctimas no han recibido el acompañamiento necesario.
Finalmente, Aguilar Castillo enfatizó que era necesario que el Congreso, dentro de su función de control político, voltee a ver las acciones realizadas en la materia dentro de la administración pública del Estado, por lo que proponían solicitar la información pertinente al Ejecutivo para trabajar en conjunto para mejorar la seguridad e integridad mental y física de las mujeres de la administración pública estatal.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su dictaminación.
