El Gobierno de Diego Sinhue pagó más de 6 mil 800 pesos por unidad y el Gobierno Municipal de Salamanca encabezado por César Prieto adquirió el mismo producto a un valor de 2 mil 500 cada uno.
En un extraño contraste de gastos, mientras en el gobierno municipal de Salamanca encabezado por César Prieto se adquirieron 4 mil calentadores solares a $2,500 cada uno, el gobierno del estado de Guanajuato dirigido por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo desembolsó más de 6 mil 800 pesos por unidad, lo que implica una diferencia de 4 mil 445.96 pesos por cada dispositivo, sumando un total de sobreprecio de 58 millones 42 mil 125.50 pesos.
Esta disparidad notable plantea serias dudas sobre la transparencia en las decisiones de gasto de las autoridades estatales, debido a que decidieron pagar un precio mucho más elevado cuando existen opciones más económicas disponibles en el mercado.
Según los datos obtenidos mediante una solicitud de transparencia, el gobierno guanajuatense destinó 90 millones 679 mil 625.50 pesos para la adquisición de un total de 13,055 calentadores solares. Si hubiera optado por pagar el mismo precio que en Salamanca, habría gastado solo 32 millones 637 mil 500 pesos, lo que representa una diferencia de más de 58 millones de pesos.
Los calentadores adquiridos por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), fueron entregados a los beneficiarios por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) y precisamente bajo el liderazgo de Libia Denisse, quien casualmente es la candidata para gobernadora por el PRI, PAN y PRD.
Por ello, existen sospechas de que estos programas se hayan utilizado con fines electorales, lo que añade un matiz aún más cuestionable a esta situación.
En medio de este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿por qué el gobierno del estado prefirió pagar sobreprecio por los calentadores solares en lugar de buscar opciones más accesibles para el bolsillo de los contribuyentes?
La falta de claridad en este tema, deja a los ciudadanos y grupos de interés con una sensación de incredulidad y una justificada exigencia de respuestas claras y transparentes sobre el destino de sus recursos públicos.
