En el año 2021, la organización Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, en compañía de las asociaciones Abortistas Mx y la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, inició un proceso de amparo en contra de los artículos 389, 390, 392 y 393 del Código Penal, los cuales prohíben el aborto voluntario en el estado de Yucatán.
A consecuencia de esto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una orden al Congreso de Yucatán para derogar las normas que criminalizan el aborto.
Las ministras Loretta Ortiz y Ana Margarita Ríos, y los ministros Juan Luis González y Alfredo Gutiérrez, decidieron conceder el amparo con el argumento de que las normas que criminalizan el aborto impiden que la asociación civil cumpla con su objetivo social de brindar servicios a quienes lo requieran.
Con los votos a favor, ordenaron entonces al Congreso de la entidad derogar los artículos que impiden el aborto voluntario.
A partir de esta orden, el Congreso de Yucatán está obligado a iniciar el proceso legislativo y votar a favor de la derogación de los cuatro artículos antes mencionados que sancionan esta acción.
Es importante mencionar que 14 estados del país han despenalizado el aborto, entre ellos: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco y Puebla.
Tal como se hizo con el estado de Yucatán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los congresos de Nayarit y Zacatecas abolir dichos artículos.
