El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Baja California Sur el informe sobre el caso de evasión fiscal de la empresa Totalplay, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que empleó un esquema de deducciones excesivas, el cual fue analizado y resuelto esta semana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las y los ministros corroboraron que la empresa omitió pagar impuestos por cinco rubros, los hizo pasar por pérdidas y reportó ganancias menores. Después de nueve años de litigio, la empresa no ha cumplido con el pago de sus impuestos.

Además, este mismo esquema se presenta en otras empresas de Grupo Salinas, por lo que el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, expuso que hay un reiterado abuso de estrategias contables y legales.

Simultáneamente, la SCJN confirmó que el contribuyente incurrió en error y debe hacer la corrección de más de mil 500 millones de pesos que no debió declarar como pérdidas fiscales y que el Estado tiene derecho a cobrar.

El caso es uno de los pendientes de resolución en el Poder Judicial Federal. Se cuantifica un adeudo histórico de contribuciones por más de 30 mil millones de pesos, mencionó el jefe del SAT.

Totalplay no contaba con la información completa de la operación de 2011, principalmente en el rubro de gastos; el SAT esperó un año el reporte faltante, resolvió e informó a la empresa en 2015 que debía pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) porque la empresa reportaba 1.4 veces más de gastos, respecto de los ingresos totales que había obtenido. En al menos seis rubros, no comprobó que estos gastos fueran efectuados para la operación natural del negocio.

A partir de 2015 comenzó un historial de litigios durante nueve años a la fecha. El asunto fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2020 con la finalidad de que se resolviera de manera contundente y con el mayor grado de imparcialidad, argumentó la titular de la Procuraduría Fiscal, Grisel Galeano García.

En 2022, la SCJN decidió atraer el asunto y lo turnó al ministro Luis María Aguilar Morales, quien, hasta dos años después, presentó a sus pares dos proyectos de resolución. El último fue puesto en sesión esta semana.

El resultado de la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naciónmantuvo como válidos para cobro del SAT cinco de los seis rubros que la empresa maliciosamente intentó presentar como gastos excesivos.

“Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad, sería una injusticia”, afirmó la procuradora fiscal, Galeano García.

“Nosotros no actuamos de manera autoritaria, no perseguimos a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales porque es muy injusto. ¿Cómo los trabajadores de México pagan más impuesto sobre la renta que los empresarios? Tiene que haber justicia. (…) Todos estos asuntos están en el Poder Judicial, tanto en la Suprema Corte como juzgados de distrito, y es bastante el dinero que está en litigio. No es poca cosa”, subrayó el presidente.

El titular del SAT explicó que las auditorías de la dependencia son programadas por sectores económicos. Las operaciones contables y financieras que tienen repercusiones fiscales pasan por un proceso de análisis.

“Nosotros no vemos nombres propios ni de personas físicas ni de empresas. Nosotros únicamente vemos las operaciones contables que tienen estas repercusiones fiscales y que tienen que cumplir con la legislación”, abundó el funcionario.

En cuanto al contrato de concesión de un campo de golf en Huatulco, Oaxaca, que tenía concesionado Ricardo Salinas Pliego, el presidente López Obrador aclaró que el terreno es de la nación, puesto que terminó el contrato, de modo que ya no es propiedad privada. A través de un decreto, el titular del Ejecutivo federal lo declaró como Área Natural Protegida (ANP).

“Nosotros no queremos la confrontación. Lo único que queremos es que se terminen en México los privilegios porque México es de todos los mexicanos”, planteó ante representantes de medios de comunicación.