Luego de la presunta fuga de internos de un anexo, el presidente de Salamanca habló de la ausencia del cumplimiento de los requisitos mínimos para que estos espacios funcionen y al no contar con medidas de seguridad puede provocar que las personas en rehabilitación salgan de estos sitios, algo que genera angustia para sus familias y desconcierto entre la población.
Detalló que se prestará atención especial a este tipo de lugares a través de Ordenamiento Territorial, a fin de verificar que los permisos requeridos sean cumplidos.
Subrayó la necesidad de crear políticas de salud pública en donde los tres órdenes de gobierno participen y coadyuven para ofrecer recintos seguros y dignos, esto es prioritario ya que en el estado de Guanajuato, se tiene un serio problema de consumo de sustancias, algo que, a decir de las autoridades municipales y federales, va de la mano con la incidencia delictiva y la inseguridad; opinión que compartió la presidenta del DIF, Eugenia Martínez, que añadió la necesidad de atacar esta problemática “desde la raíz”.
Según el munícipe ya existió un acercamiento con una asociación estatal que está enfocada a los anexos, a quien dejó claro que se revisará de forma minuciosa cada uno de los formatos con los cuales se debe cumplir. Esto es un requisito indispensable para que un espacio de este tipo opere de forma adecuada.
Según los especialistas, las adicciones, ya sea alcohol, drogas o alguna otra sustancia nociva, provocan que la calidad de vida de las personas decaiga y al mismo tiempo, amigos y familia cercana se ven seriamente afectados; de aquí la importancia de contar con espacios adecuados para tratar a los internos, sin pasar por alto sus derechos fundamentales y sobre todo con un trato digno; lo que también podría abonar a la disminución de los delitos y que favorecería al ámbito de salud en Salamanca.
