En una bodega agrícola, trabajadores fueron liberados tras vivir hacinados, sin colchones ni libertad de movimiento.

En Dolores Hidalgo, un rancho agrícola operaba bajo condiciones que son calificadas como explotación laboral extrema. En una intervención conjunta de autoridades federales y estatales se rescató a unos 700 jornaleros, en su mayoría originarios de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, quienes vivían hacinados y sin acceso a servicios básicos, lo que ha provocado una investigación por trata de personas con fines de trabajo forzado.

El predio, ubicado a unos 5 km de la cabecera municipal, contaba con varias barracas improvisadas de aproximadamente 3 × 4 metros, bajo techos de lámina y cubiertas con malla o lonas. Se calcula que hasta seis personas dormían en ese espacio, sobre triplay sin colchones, y con una plaga de pulgas que obligaba a algunos a dormir al aire libre.

El agua residual se desaguaba sin tratamiento, favoreciendo la proliferación de insectos y condiciones insalubres. Los jornaleros ganaban entre 2 mil y 4 mil pesos semanales, depositados en sus cuentas bancarias, aunque varios reportaron que les habían sustraído sumas cuantiosas durante el operativo.

Los testimonios recogidos describen también restricciones de movilidad y control extremo: se necesitaba permiso para salir y, de no hacerlo, se les aplicaba una multa de hasta 200 pesos. Además, hubo denuncias de que les retuvieron su salario y efectivo, impidiéndoles abandonar el lugar y obligándolos a permanecer en condiciones precarias.

Lo rescatado forma parte de un fenómeno extendido en Guanajuato, donde campamentos agrícolas albergan trabajadores en condiciones similares: casas improvisadas, sin ventilación, sin sanitarios y con jornadas extenuantes, todo ello sin un contrato formal ni acceso a seguridad social.

Un aspecto alarmante es la presencia de mujeres embarazadas y menores de edad entre los jornaleros. Una joven de 17 años, embarazada, relató que perdió 40 mil pesos en el operativo. También se reportó la falta de atención médica adecuada, e incluso relatos de cesáreas no consentidas y sujetas a cobro por parte del personal médico del rancho.

Aunque la Fiscalía de Guanajuato inició investigaciones por trata de personas, aún no hay claridad sobre detenidos ni la proporción de menores afectados. Las personas rescatadas ya reciben apoyo médico y legal, pero persiste la necesidad de sanciones ejemplares y un sistema de inspección fuerte en la zona.

Especialistas coinciden en que prácticas como la retención de salario, el control de movilidad, el alojamiento insalubre y la captación de trabajadores mediante adelantos, representan formas modernas de servidumbre.

A nivel nacional, este modelo se replica en zonas agroexportadoras, pero el operativo en Dolores Hidalgo lo convierte en un caso emblemático de una problemática que pocos ven.