El Congreso del Estado analiza una reforma urgente al Código Penal local para imponer sanciones de tres a seis años de prisión a quienes realicen cobranza extrajudicial ilícita, conocida comúnmente como préstamos “gota a gota”.
La propuesta busca endurecer las penas ante un fenómeno que se ha convertido en una carga para las familias de la zona. Los préstamos se ofrecen de forma rápida y sin requisitos, pero los altos intereses y métodos de cobro violentos los convierten en trampas financieras que difícilmente se pueden saldar.
La iniciativa plantea sancionar con 20 a 60 días multa además de prisión, y endurecer aún más la pena si el delito involucra a servidores públicos, incluyendo destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos. La reforma se justifica como una respuesta proporcionada al daño económico y emocional que padecen las personas más vulnerables ante estas prácticas criminales.
Para muchos comerciantes y habitantes de barrios populares, estos préstamos representan una falsa alternativa de alivio: los adelantan dinero fácil, pero lo cobran con elevadas tasas diarias o semanales, que se multiplican con intereses punitorios. Al retrasarse, comienzan las amenazas, agresiones psicológicas e incluso violencia física.
Con esta reforma se busca enviar un mensaje: ya no habrá impunidad para quienes lucran con la necesidad ajena. La justicia pretende inclinarse hacia quienes han sido víctimas de un sistema que explota su vulnerabilidad, con leyes más severas y disuasivas que protejan a quienes más lo necesitan.
