Tras dos años de discusión y retrasos, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la llamada Ley contra motorratones, que obligará a registrar todas las motocicletas y a los comerciantes que las venden, con el objetivo de combatir los delitos cometidos a bordo de estos vehículos.

La reforma establece la creación de un padrón estatal que recopilará datos sobre el historial de cada motocicleta: altas, bajas, infracciones, reportes de robo, recuperaciones y hasta destrucción. Además, todos los negocios dedicados a la compraventa de motocicletas deberán inscribirse ante el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) y notificar cada venta de unidades nuevas.

De acuerdo con legisladores que respaldaron la iniciativa, contar con esta base de información permitirá a autoridades municipales, de tránsito, seguridad pública y la fiscalía identificar con mayor rapidez los vehículos implicados en robos y otros delitos.

“El propósito es que las autoridades tengan herramientas para ubicar motocicletas usadas en actividades criminales y que las víctimas puedan acceder a la justicia”, señalaron representantes del Congreso durante la sesión.

La propuesta original fue presentada en junio de 2023, pero permaneció pendiente hasta que se retomó en la legislatura actual. Entre los argumentos expuestos en tribuna, se mencionó que los delincuentes que operan en motocicletas no solo despojan a las personas de sus bienes, sino que les arrebatan tranquilidad y seguridad.

Con esta reforma, Guanajuato se convierte en uno de los primeros estados en el país en exigir un registro detallado tanto de motocicletas como de quienes las comercializan. La medida entrará en vigor tras su publicación oficial y contempla sanciones en caso de incumplimiento.