A un año de que Guanajuato fuera puesto bajo Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, los resultados son prácticamente nulos. No existen informes públicos claros, ni estrategias específicas, ni grupos especializados en investigar feminicidios y desapariciones, a pesar de que eran compromisos básicos tras la declaratoria.
La falta de voluntad política se refleja también a nivel municipal. En Salamanca, el gobierno encabezado por César Prieto fue notificado desde el 10 de julio sobre una denuncia de acoso laboral, sexual y violación de derechos humanos contra el director de Ordenamiento Territorial. La queja fue admitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, con un expediente formal que pedía un informe en un plazo de cinco días hábiles.
Pese a la notificación oficial, el funcionario acusado sigue en el cargo y no se han tomado medidas, aun cuando existen antecedentes de señalamientos por acoso en su contra. La omisión es particularmente grave porque Salamanca, al igual que todo Guanajuato, se encuentra bajo Alerta de Género y las autoridades tienen la obligación de actuar de inmediato ante cualquier indicio de violencia contra las mujeres.
La situación no es aislada. De acuerdo con organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el estado carece de diagnósticos serios sobre desapariciones y feminicidios, no tiene políticas específicas para atender a las víctimas y los recursos presupuestales reportados no se traducen en acciones reales. En los hechos, Guanajuato sigue siendo una de las entidades con mayores índices de violencia contra las mujeres, pero con respuestas institucionales limitadas, opacas y sin resultados palpables.
En este contexto, el caso de Salamanca se convierte en un ejemplo claro de cómo la falta de atención, transparencia y responsabilidad mantiene a las mujeres en una situación de riesgo permanente, mientras la Alerta de Género se ha quedado solo en papel.
