Más de dos años después del multihomicidio que sacudió a la comunidad de El Maguey, dos hombres responsables de aquella noche de terror finalmente recibieron una de las sentencias más severas registradas en la región.
Marco Daniel N. y Víctor Martín N. fueron condenados a 159 años de prisión cada uno, tras ser declarados culpables de asesinar a un hombre y sus tres hijas menores de edad, así como de herir gravemente a la madre de familia y robar un vehículo durante su huida.
El ataque ocurrió la noche del 24 de octubre de 2022, cuando un grupo armado irrumpió en la vivienda ubicada en la calle 5 de Mayo, a un costado de la carretera León-Manuel Doblado. Según la investigación, los agresores llegaron con armas de fuego, sometieron a la familia atándola y dispararon de manera directa y planificada, provocando la muerte del padre y de las tres niñas.
La brutalidad del crimen movilizó de inmediato a agentes ministeriales y peritos forenses, quienes recabaron pruebas fundamentales: casquillos percutidos, huellas, manchas de sangre y grabaciones de cámaras de seguridad que captaron parte de los movimientos de los implicados.
Tras varios meses de diligencias, los investigadores lograron ubicar a los presuntos responsables y obtener órdenes de aprehensión emitidas por un juez de control. Una vez detenidos, se inició el proceso judicial en el que el Ministerio Público presentó un expediente con dictámenes periciales, videos, testimonios y otros elementos probatorios que acreditaron la responsabilidad de los acusados en el homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y robo calificado.
Durante el juicio, se confirmó que después de consumar la masacre, los agresores se llevaron una camioneta de la familia para huir del lugar. Los defensores intentaron desacreditar la evidencia, sin éxito.
Finalmente, el juez impuso 32 años y seis meses de prisión por cada uno de los cuatro homicidios consumados, 20 años por el homicidio en grado de tentativa y nueve años por el robo calificado, sumando una pena histórica de 159 años de cárcel para cada sentenciado. Además, se ordenó el pago de indemnizaciones por reparación del daño, gastos funerarios y daño moral a las víctimas sobrevivientes.
