En municipios como Celaya, la influencia de algunas casas encuestadoras ha trascendido su función técnica para convertirse en un instrumento de manipulación política. Diversas autoridades locales han denunciado que estas empresas ofrecen resultados favorables en rankings de aprobación solo a cambio de pagos, vendiendo la percepción de popularidad como un producto más del mercado electoral.

Esta práctica, calificada como una forma moderna de extorsión, distorsiona la percepción ciudadana al presentar a ciertos alcaldes con altos niveles de aprobación que no siempre corresponden con la realidad. Los resultados, aseguran expertos en opinión pública, no se basan en metodologías sólidas ni en criterios técnicos, sino en intereses económicos del cliente que paga.

En Celaya, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez ha expuesto que algunas encuestadoras han condicionado la publicación de resultados positivos al pago de sumas específicas. Afirmó que su administración no ha contratado estos servicios, pues su gestión se enfoca en resultados tangibles y no en fabricar narrativas artificiales para beneficio mediático.

La administración municipal aclaró que sí ha destinado recursos públicos a servicios de comunicación y monitoreo informativo, pero rechazó categóricamente que se haya financiado cualquier encuesta que busque posicionar al alcalde en evaluaciones de desempeño. Consideran que pagar por este tipo de estudios representa un gasto inútil que no aporta valor real a la ciudadanía.

Estas denuncias abren nuevamente el debate sobre la integridad de algunas firmas encuestadoras y su papel en la construcción de escenarios políticos artificiales. En lugar de ser herramientas técnicas para el análisis social, se han convertido, en algunos casos, en vehículos para influir en la opinión pública a través de datos comprados.