“Es un problema del país y del estado”, afirmó el presidente municipal César Prieto Gallardo al confirmar la privación ilegal de la libertad de cinco personas, entre ellas tres mujeres, en hechos ocurridos en menos de diez días en Salamanca, declaraciones con las que el edil trasladó la responsabilidad del fenómeno a otros niveles de gobierno.
El alcalde señaló que los casos ya son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y que una de las posibles líneas estaría relacionada con extorsión, aunque evitó profundizar en acciones específicas desde el ámbito municipal para atender esta problemática.
Salamanca es uno de los 17 municipios de Guanajuato que permanecen bajo Alerta de Violencia de Género desde 2024, derivado de feminicidios y desapariciones de mujeres. Pese a este contexto, Prieto Gallardo aseguró que las acciones preventivas se trabajan de manera permanente, aunque reconoció que la violencia que enfrenta el municipio responde a una situación más amplia.
“Guanajuato, el país y Salamanca viven una situación de violencia extrema generada por grupos delictivos cuyo negocio es el huachicol y la venta de drogas”, expresó.
Reconoció que el año inició con homicidios, desapariciones y extorsiones, además enfocó parte de su postura en el cumplimiento de la normativa municipal, al señalar que algunos hechos ocurrieron en establecimientos que, dijo, no debían estar abiertos por cuestiones de horario.
“Tenemos que ser muy cautos para brindar seguridad a la ciudadanía desde Fiscalización y Protección Civil”, señaló.
Prieto Gallardo admitió que la extorsión y el cobro de piso han tenido repercusiones económicas directas, particularmente en el cierre de negocios; sin embargo, insistió en que sin la denuncia ciudadana no es posible obtener resultados, subrayando que ninguna autoridad puede actuar sin la participación social.
En su mensaje, el alcalde volvió a colocar el foco en el consumo de drogas como el eje del conflicto entre grupos delictivos y aseguró que, el problema no puede enfrentarse únicamente desde el municipio.
“Tenemos compromiso con la ciudadanía, no con grupos delictivos. No estamos amenazados”, afirmó.
Finalmente, explicó que la estrategia de seguridad es dinámica debido a la operación de la delincuencia organizada y justificó la situación actual de la corporación policial municipal al recordar que fue disuelta en 2017, señalando que su reconstrucción es gradual y que aún no se alcanza el número ideal de elementos, aunque aseguró que existe coordinación con los gobiernos estatal y federal.
Mientras tanto, las víctimas de privación ilegal de la libertad continúan sin ser localizadas, Salamanca permanece bajo Alerta de Violencia de Género y el gobierno municipal reconoce la gravedad de los hechos, pero la atribuye a un problema estatal y nacional.
