La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, de las 9 mil 582 estancias infantiles beneficiadas por la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), seis mil 966 están evaluadas por el DIF como “focos rojos”.
“Casi siete mil estancias fueron calificadas por el DIF como focos rojos, es decir, que deberían de estar cerradas”, sostuvo Ariadna Montiel, la subsecretaria del Bienestar.
Además, sólo 30% de las estancias infantiles no presenta situaciones de riesgo, 26% presentan situaciones “que pueden representar riesgo para los niñas que requieren ser atendidos en el corto plazo”, y 40% representan un riesgo para los niños. El 4% restante no contaba con actividad.
La funcionaria explicó que, de un padrón de 330 mil niños, el DIF sólo pudo constatar la existencia de 245 mil infantes atendidos en las estancias. Es decir, 80 mil no están registrados ante las cédulas de las autoridades.
Adicionalmente, 109 mil padres, madres o niños también están registrados en alguna dependencia de seguridad social (IMSS, ISSSTE o Prospera).
En una conferencia de prensa, Ariadna Montiel también informó que, durante la administración pasada, el Estado de México fue la entidad más beneficiada con el programa de estancias infantiles, pese a estar en el lugar 22 en cuanto a rezago social.
Explicó que entidades como Oaxaca, que es el estado con mayor rezago, sólo cuenta con 231 estancias, lo que hace presumir que el programa no contaba con una focalización para combatir la problemática.
Además, las delegaciones de la Sedesol en los estados –que definían el pago de los subsidios– reportaban que las estancias funcionaban bien, mientras que la Dirección General de Política Social de la dependencia reportaba que ocho de cada diez estancias incumplían con las normas.
“Se fue generando una red de corrupción desde las delegaciones para pagar los subsidios por niño”, sostuvo Montiel. Añadió que la administración actual está investigando los casos y posteriormente “actuará”.
Otra de las inconsistencias halladas fue la duplicidad de registros de familias con acceso al servicio.
“Como ya dijimos las afiliaciones no se priorizaron en localidades de mayor rezago social, había lista de niños inexistentes, y el 62.8 para DIF no comprobó cumplir con los requisitos de afiliación.”, abundó.
También, se encontraron diversas irregularidades en el cobro de cuotas por parte de las estancias, ya que estas lo fijaban de manera discrecional.
La Secretaría de Bienestar indicó que las estancias cobraban a los padres de familia alrededor de 800 pesos adicionales al subsidio entregado por la Sedesol.
Además, se halló la existencia de prestanombres a fin que un responsable pudiera tener acceso a administrar más de una estancia.
“Se empezó a hacer una red de prestanombres a través de las asistencias educativas que las daban de alta como responsables de estancia y alguien administraba cinco, seis, diez. Hubo sobornos a los supervisores”, explicó.
