Mientras el padre Gutiérrez Farías celebraba una misa, organizaciones como REDIM y DRI mostraban mediante un comunicado su desacuerdo con las autoridades estatales y federales al permitirle y apoyar al padre Gutiérrez Farías a retomar sus actividades en “Ciudad de los Niños”.
Las organizaciones señalaron que los permisos de suelo emitidos por la administración de la presidenta municipal de Salamanca Beatriz Hernández “son contrarias a las Directrices de Naciones Unidas sobre Cuidados Alternativos que establecen que los macro albergues son violatorios a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes por las graves afectaciones a su libertad y sano desarrollo de la personalidad”.
Ante esto, REDIM y DRI condenaron las omisiones y negligencias cometidas por las autoridades locales y federales, en el seguimiento y resolución del caso de los albergues “Ciudad de los Niños”.
Así como en los procesos judiciales en donde destacaron que el Magistrado Presidente Samuel Meraz Lares votó en contra de la resolución, y coincidente con la sentencia de la Juez Karla Macías; argumentando que “era un imperativo legal analizar el entorno en el cual se desarrollaba la menor y que extender la resolución a favor de los otros niños, niñas y adolescentes tenía un interés legítimo”.
REDIM y DRI, señalaron la impunidad y complicidad de las autoridades con el cura Gutiérrez, quien recientemente declaró sus intenciones de reabrir el albergue. Ya que la resolución judicial en el caso muestra la impunidad y complicidad machista que existe entre las autoridades estatales del Poder Judicial y del Ejecutivo; destacando el apoyo explícito de los exgobernadores a las prácticas nefastas del cura señalado por graves violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes por más de una década.
Por lo que REDIM y DRI exigieron al Estado Mexicano, especialmente al Fiscalía General de la República, a realizar una investigación imparcial para identificar a los responsables de la comisión de delitos contra la niñez, a reparar a las víctimas y a restablecer y garantizar sus derechos de manera urgente.
También pidieron que el DIF Nacional emprenda una investigación inmediata y recuerde al DIF Guanajuato su obligación de no permitir la apertura de “la Ciudad de los Niños”, debido a las investigaciones que aún están en curso, y que inhabilitan al cura Pedro Gutiérrez para ofrecer servicios de cuidados alternativos.
Esto sumado al llamado que hicieron al Papa Francisco para que tome su responsabilidad estructural que tiene en los casos de abusos a niñas, niños y adolescentes por parte del padre Gutiérrez; dejar de protegerlo para facilitar la investigación imparcial de los hechos denunciados.
Con información de Zona Franca
