Utilizar las plazas autorizadas para conformar el equipo de trabajo, como si fueran agencia de colocación de empleo para parientes o militantes del PAN, parece volverse la tendencia entre sus legisladores.

Hace cuatro meses que trascendió la contratación de Antonio Acosta Cervantes, sobrino del diputado panista Juan Antonio Acosta Cano, por un sueldo de 39 mi 345 pesos mensuales para ocupar la coordinación de planeación en la Unidad de Impacto Legislativo del Congreso durante seis meses, por tratarse de una suplencia. La investigación fue realizada por la periodista Catalina Reyes para el periódico Correo.

El secretario general Ricardo Narváez justificó que no hubo nepotismo ni conflicto de interés debido a que el diputado Juan Antonio Acosta no influyó en su selección, e incluso el joven llegó recomendado por el CIMAT junto a tres perfiles más y pasó por una entrevista de trabajo para quedarse con el puesto.

La diputada panista Cristina Márquez Alcalá también estaría incurriendo en nepotismo y conflicto de interés, al conservar a su marido como su coordinador de asesores. Alfredo Méndez Montes aparece en el directorio general del Congreso, con un sueldo bruto de 70 mil 240 pesos mensuales.

Si bien la fecha de contratación de Alfredo Méndez como asesor en el Congreso data del 11 de noviembre de 2015, antes de que su esposa fuera diputada, ella decidió mantenerlo en su equipo de trabajo a su llegada al Congreso, lo que entra en el conflicto de interés al existir un sesgo en la evaluación de su trabajo como asesor y además, de probarse que ella influyó en su contratación, también entraría en el delito de nepotismo expresamente prohibido por ley, que establece que ni legisladores ni funcionarios públicos pueden promover ascensos o contrataciones de personas con las que guardan parentesco.

Se trata de un movimiento que habría requerido de la anuencia de Ricardo Narváez, secretario del Congreso y Jesús Oviedo, coordinador de la fracción parlamantaria del PAN.

Detectados otros 22 casos, el PAN no cumple con el servicio civil de carrera

Las contrataciones de amigos o parientes cercanos de los diputados panistas son una práctica cotidiana en el Congreso, da cuenta una investigación publicada por el periódico am, que en una publicación realizada el 26 de junio dio cuenta de 23 casos dentro de la LXIV legislatura; esto sin incluir al esposo de la diputada Cristina Márquez.

La modalidad utlizada por los panistas para darle empleo a familia cercana o militantes del partido, fue la misma que con el sobrino del diputado Juan Antonio Acosta: contrataciones temporales de máximo 6 meses y sin que exista constancia de convocatorias públicas para ocupar esas plazas, como establece la ley.

La lista difundida por el diario incluye a 5 militantes de Acción Nacional, con salarios que van desde los 24 mil 391 hasta los 58 mil 377 pesos mensuales. Además destaca la contratación de la hija de Patricia Díaz Sánchez, titular de la Dirección de Tecnologías de la Información. La joven, que también aparece en el padrón de militantes del PAN, fue contratada en la dirección de Desarrollo Institucional, donde recibió un ascenso a auditora con un aumento salarial del 120% sin que la plaza hubiera sido abierta a convocatoria como se establece en la ley.

La diputada Cristina Márquez tampoco es ajena a esta práctica. Cuando su padre, Salvador Márquez Lozornio, fue diputado local en el periodo 2003 al 2006, ella fue contratada para formar parte de su equipo de asesores en el congreso.