Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, entre los meses de enero y septiembre de 2019, en el estado de Guanajuato se han cometido 2,560 homicidios dolosos, cifra que representa prácticamente el 10% de todos los que se han cometido en el territorio nacional en ese periodo. En contraste, en Sinaloa, donde tuvo lugar el estruendoso evento de la semana pasada de Culiacán, durante el mismo lapso, la cifra oficial es de 661 víctimas de homicidio intencional.
La diferencia en términos porcentuales en esas cifras es inmensa: 287% más víctimas en el estado de Guanajuato que en Sinaloa. Pero no solo en ese dato la diferencia es relevante; también es de suma importancia el indicador relativo a los homicidios intencionales cometidos por disparo de arma de fuego.
Estadísticas
En efecto, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo, entre enero y septiembre del 2019 se han cometido 18,340 homicidios intencionales por disparo de arma de fuego. De esa suma, 2,178 víctimas han caído en las calles y carreteras del estado de Guanajuato, es decir, prácticamente el 12% de todas las personas que han sido asesinadas en el país. En contraste, en Sinaloa el dato es, hasta el 30 de septiembre de este año, de 464 víctimas, es decir, el 2.52% del total nacional. Asimismo, si se compara a Guanajuato frente a Sinaloa en este indicador, la diferencia es de 369%.
Como se ve, las diferencias no solo son abismales, sino escandalosas, no sólo por su magnitud, sino por la diferencia de trato y atención de los gobiernos Federal y estatal en esta materia, generándose un escenario que se ha repetido desde que inició la “guerra contra el narco”, y que supuestamente ya no existe; escenario consistente en que el gobierno del estado, de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo responsabiliza al gobierno de López Obrador, mientras que aquél responsabiliza al local.
En ese perverso juego de distancias y acusaciones mutuas, la situación para los habitantes del hoy más violento estado de la República mexicana, la población es la que paga los platos rotos, con caso emblemáticos como el de Celaya, donde el cobro de piso y extorsiones han llevado a la ciudad, que es una de las más importantes, económica y demográficamente del país, al estupor, el miedo y el cierre masivo de pequeños y medianos comercios.
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Habría qué preguntarse qué piensan de esta situación, por ejemplo, el Embajador de Japón en México, dado que en esa ciudad se encuentran instaladas nada menos que una planta de Honda y Toyota; y que a unos cuántos kilómetros, en Salamanca, se encuentra una gigantesca plata de Mazda; qué piensan inversionistas nacionales, como los propietarios de MABE, que también tiene una planta allá; qué piensa el Embajador de Corea, dada la magnitud de inversiones de ese país en la entidad; qué piensan en la Embajada Alemana, dado que ahí hay una planta de Volkswagen y en los límites con Querétaro una planta de Siemens. O bien, qué se piensa en la Embajada Norteamericana, cuando San Miguel de Allende, que también vive el terror, es la localidad con mayor número de personas de origen norteamericano en México.
Llama la atención que, en este contexto, el Gobierno Federal decidió retirar a los elementos de la Marina Armada de México, que patrullaban la entidad. Y llama aún más la atención de que en la Fiscalía General de la República no se hayan hecho públicas, al menos hasta ahora, carpetas de investigación relevantes en contra de delincuentes y de posibles apoyos de funcionarios locales a los grupos de delincuencia organizada que operan en el territorio estatal.
La diferencia de trato es notable, y destaca el estruendoso silencio de las autoridades de todos los niveles, el cual, frente a la espectacularidad de lo ocurrido en Culiacán resulta, por lo menos, oprobioso para la población local.
Fuente: SOY BARRIO
