Por: Oscar Alzaga*
“A los mineros hay que tenerles respeto. Su labor y funciones son de alto riesgo por el sacrificio y esfuerzo que diariamente realizan en condiciones difíciles y complicadas, a mil metros o más de profundidad, con escases de oxígeno, con gran cantidad de polvos, humos, gases y oscuridad que no existen en la mayoría de las industrias. Asimismo, al lado de los hornos de fundición de metales con más de mil 200 y mil 400 grados de temperatura. Las condiciones de seguridad e higiene son muchas veces riesgosas y complicadas, porque a su vez en la mayoría de los casos, las empresas no invierten en mantenerlas sanas y seguras, ya que para ellas las inversiones en prevención de accidentes no generan producción ni plusvalía y son consideradas solo un gasto.
“La dignidad de los auténticos y verdaderos mineros no tiene precio. Eso lo saben los empresarios mezquinos que constantemente les niegan a los trabajadores lo que en justicia les corresponde y en muchas ocasiones nos obligan a llegar a conflictos de huelga por su intransigencia de no respetar sus obligaciones hacia los mineros y por interpretar equivocada o maliciosamente la ley para no cumplirla. Por ello la rivalidad es constante y se convierte en una lucha de clases permanente, en especial en estos casos de provocación e irresponsabilidad empresarial.”
Escribió el líder de los mineros Napoleón Gómez Urrutia en Los mineros, sindicato visionario y fuerte. (La Jornada 9-VII-20).
En efecto, las minas están catalogadas de alto riesgo y peligro desde los tiempos bíblicos, y también por autoridades nacionales y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más si son de carbón. Para evitar accidentes de trabajo, las normas contienen medidas preventivas obligatorias.
De la muerte de 65 mineros de Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, documentó ampliamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 26/2006, igual que de los incumplimientos de las normas de seguridad por la empresa del Grupo México (GM), propiedad del oligarca Germán Larrea, por las autoridades de Inspección de Trabajo (sumisas al patrón), y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
En los más de 14 años de la tragedia –no de accidente involuntario, sino por incumplir la norma-, quedó claro que siempre el patrón se opuso al rescate de los 63 mineros que quedaron atrapados, aún sin saber si algunos vivían, lo que aceptaron los gobiernos de Fox y Calderón, ambos se inclinaron a la decisión del oligarca y se negaron a la Recomendación de la CNDH: rescatar a los mineros.
Ante las protestas nacionales e internacionales, Javier Lozano, titular de la STPS, acudió en 2007 a un medio para dar veracidad científica a la negativa del rescate: al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., sin autonomía, ya que dependía del poder ejecutivo, igual que la STPS. Entonces, en un acto de audacia y corrupción, en 2008 Calderón nombró secretario de Gobernación ni más ni menos que al abogado del GM, Fernando Gómez Mont, que sólo pudo tranzar el caso de Cananea ilegalmente, en contra del Sindicato Minero, cuyo asunto hoy está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 2013 Larrea desquiciado acudió al amparo en que pedía a la Justicia negar el rescate de los 63 cadáveres, porque, según él, era más peligroso hacerlo que dejarlos enterrados; como si no fueran seres humanos con dignidad y tuvieran familiares con derecho a reclamar sus cuerpos y a enterrarlos a su gusto. En el expediente 644/2013 en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, expuso GM “pruebas” con peritos comprados a la medida. No obstante los abundantes recursos del oligarca, perdió el amparo. Lo que no impidió que el gobierno del PRI, de Peña Nieto, protegiera también los deseos inhumanos e ilegales del oligarca.
Y ¿por qué tanto se han opuesto GM y Larrea al rescate de los 63 mineros? Porque detrás del rescate está el derecho a la verdad de la tragedia y la responsabilidad por no acatar las normas de seguridad, que produjo el estallido en la mina el 19 de febrero de 2006.
Sería hasta el 1° de mayo de 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó que el asunto de Pasta de Conchos se reabriera, para el rescate de los mineros; igual que reabrió el caso de Ayotzinapa, el derrame de tóxicos en el Río Sonora y Río Bacanuchi que tanto daño ha causado a los pobladores de las riberas de los ríos; siendo de nuevo GM de Larrea responsable del derrame de tóxicos al mar, en Guaymas; igualmente, reabrir el caso de la Guardería ABC, en Hermosillo, que por la avaricia de privatizar guarderías y ubicarlas en sitios inadecuados, perdieron la vida 49 niños y 78 resultaron lesionados.
Germán Larrea aceptó la decisión de AMLO y entregó su propiedad para facilitar el rescate, al menos en sus declaraciones, pero en realidad lo está alargando con todo tipo de recursos de trámites de propiedad propios y de los vecinos, sin que la STPS apure el procedimiento para llegar a lo principal: el rescate de los mineros y después seguir con la investigación hasta llegar a la verdad, a las causas que originaron la tragedia y, consecuentemente, que los responsables sean castigados y para evitar que se repitan estos actos trágicos contra los trabajadores. Pero Larrea intenta dilatarlo hasta el próximo gobierno.
Asimismo, hace falta que la STPS transparente la información, porque este no es un asunto entre particulares sino una tragedia de mineros que a toda la ciudadanía y opinión pública afecta e interesa. El dictamen de los especialistas extranjeros no ha sido dado a conocer, ni los avances ni el tiempo que se llevará aún para lograr los objetivos trazados por la Ley y por AMLO, en función de que haya justicia para los familiares y por la dignidad de los mismos muertos.
Felicitamos a los mineros por su aniversario 86 años este 11 de julio pasado.
*Abogado miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
