• Prevé revocación de concesiones o permisos sobre el aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre a quien impida este derecho.

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó una minuta que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso a las playas mexicanas.

Lo anterior significa que, en caso de que los hoteleros incumplan con esta nueva norma, se les aplicarán sanciones de hasta un 1,042,000 pesos (USD 46,398), tomando en cuenta que el valor actual de la UMA está en 86.88 pesos.

El proyecto que envió la Cámara de Diputados dispone que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento.

Y en el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes deberán permitir el libre tránsito, a través de los accesos que convenga con ellos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La minuta establece sanción de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a dichos propietarios o a titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino sobre el aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que impidan el acceso a dicha zona, así como a las playas.

En caso de reincidencia, además de la sanción señalada, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley General de Bienes Nacionales.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, subrayó que las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos para que todo visitante, nacional o extranjero, que desee disfrutarlas pueda hacerlo.

Destacó que la restricción a las playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre, representa un acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la nación.

Samuel Alejandro García Sepúlveda, presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, dijo que éste es un derecho humano, por lo que no se puede restringir su acceso, uso, goce o disfrute.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Añorve Baños, señaló que el proyecto responde a los evidentes atropellos en que incurren algunos propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre, así como algunos concesionarios y permisionarios que, por medios extralegales, establecen restricciones físicas para limitar el acceso a las playas.

En tanto, el senador José Luis Pech Várguez, de Morena, aseguró que con la reforma el Estado garantizará “la servidumbre de paso a toda la ciudadanía”, a fin de que se pueda entrar y disfrutar de las playas y a las zonas federales marítimas terrestres y, en caso contrario, se contemplan sanciones para los particulares o todos aquellos que impidan el ejercicio de este derecho.

Por el PAN, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros afirmó que el dictamen eliminará las prácticas discriminatorias que impiden a las y los mexicanos el uso y disfrute de las playas del país; “sin revisiones, sin explicaciones, sin tener que convencer a alguien, todos podrán ejercer el derecho a transitar libremente por ellas para su esparcimiento”.

La senadora del PT, Alejandra del Carmen León Gastélum, acusó a las administraciones pasadas de privatizar las playas del país y entregarlas a grandes transnacionales “en un acto de clasismo y discriminación” en contra de los mexicanos. Dijo que se tiene que encontrar el equilibrio entre la explotación mercantil y el derecho a disfrutar del espacio público.

Del PRD, el senador Antonio García Conejo indicó que debido a la pandemia han cerrado más de 10 mil pequeños negocios del sector turístico, por lo que esta reforma fortalecerá a la industria en estos momentos en que se requiere.

El proyecto recibió 107 votos a favor y se envío al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.