La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación para implementar sanciones que van desde los siete años de prisión y multa de hasta 43 mil 440 pesos a quienes impidan o lucren con el cobro de cuotas a los vehículos que circulan por dichas vías.

En lo particular, el dictamen recibió 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones..

En ella se estipula, en el artículo 533, que quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

También, se acordó eliminar el artículo 533 Bis, el cual proponía que “a quienes en el ejercicio de la conducta establecida en el artículo anterior obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación, serán sancionados con 6 meses a siete años de prisión y multa de 750 a 1000 Unidades de Medida y Actualización vigentes”.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) argumentó que la eliminación de dicho artículo es para proteger al movimiento social, el cual es pacífico y no lucra; “se trata de cuidarlo de los delincuentes que, usándolo como pretexto, han cobrado millones de pesos”.

Posturas en contra de la reserva

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) expresó que la reserva no está dirigida a los grupos criminales o de la delincuencia organizada, sino al movimiento social, el cual “estratégicamente busca las casetas para ser oído, manifestarse y sin ánimos de lucro”.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala cuestionó si la reforma es para los delincuentes, cuando quienes acuden a ellas “es el movimiento social que no es escuchado por los gobiernos, como son las manifestaciones feministas”.

Margarita García García, diputada del PT, llamó a analizar más a fondo el dictamen y castigar a quienes lucren; se debe legislar con claridad para que las y los mexicanos no sean reprimidos.

La propuesta finalmente fue aprobada y remitida al Senado de la República.