Por: Oscar Alzaga*

Este 12 de noviembre del 2020, Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la Nación, presentó la reforma laboral y de otras leyes, para atacar a fondo y reglamentar la subcontratación (outsourcing) en un estricto apego a la Constitución y a las 6 leyes reglamentarias: la Ley Federal del Trabajo (LFT) que modifica los artículos 12, 13, 14 y 15 y deroga de plano los 15-A, 15-B, 15-C y 15-D. Así como las normas relativas a las violaciones cotidianas de los outsourcing a las leyes del IMSS, INFONAVIT, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es una reforma integral, clara y sencilla: al trabajo de subcontratación lo obliga a los principios de la Constitución, la LFT y demás leyes, para que los empresarios cumplan las normas protectoras del trabajo y de la justicia social.

Ello implica que la reforma ataque a fondo el cochinero patronal de los outsourcing, que crecieron como los huachicoleros y otros tantos más batideros, a la sombra del neoliberalismo. El outsourcing va de la mano de la venta de los contratos colectivos de protección patronal; unos y otros se apoyan y dan enormes ganancias a los patrones, de modo similar que los bajos salarios y los empleos precarios que crecen y crecen de 1988 en adelante. Y como esos derechos son indivisibles, al afectar a uno se afecta a los demás.

Por eso la reforma levantó la furia patronal y declaraciones: “Se rompió pacto con el gobierno para lograr cambio en el outsourcing: IP.” (La Jornada, 13-XI-20). Todas las cámaras y organizaciones patronales están “al borde de un ataque de nervios”: ven amenazados sus abusos desmedidos e ilegales, para aumentar ganancias a costa del trabajo, por inhumano que sea. El vocero patronal, Reforma, falsea información: “El Gobierno federal dará un trato de crimen organizado a la subcontratación de personal” (13-XI-20), cuando la declaración fue: “de delincuencia organizada”.

Son múltiples los daños y las violaciones jurídicas que provoca la ilegal subcontratación o el outsourcing, pero ninguna tan grave como el que causa a las y los trabajadores: les reduce salarios, precariza empleos, elimina o simula la seguridad social e impide los derechos colectivos (los sindicatos libres, la libre negociación colectiva y la huelga). Además, de las utilidades, impuestos, cuotas del IMSS e Infonavit, etc.

Los empresarios bien organizados, la debilidad sindical y la complicidad de las autoridades laborales, trocaron los derechos en viles negocios: pusieron a la venta los contratos colectivos de trabajo (CCT), los convirtieron en pactos de protección patronal; ofrecieron los outsourcing al mejor postor, con la simulación de las autoridades (sistemáticamente las secretarías del Trabajo -federal y estatales- y las Juntas); negaron la libre negociación colectiva; hicieron obligatorio el tope salarial y aceptaron las falsas declaraciones de apego a la LFT al aprobar los depósitos de CCT que eliminaron derechos o los hicieron retroceder. Igual con los estatutos, hechos a espaldas de los trabajadores.

Con un sindicalismo débil, autoridades cómplices y patrones fuertes se destruyó el carácter tripartita, en favor de los empresarios y la corrupción de líderes y autoridades. Los tres, responsables por destruir derechos y simular cumplir las leyes: en prejuicio de las y los trabajadores y sus familias, la mayoría ciudadana del país. Ese alcance tiene la obra social y económica del neoliberalismo.

La subcontratación surgió en las grandes empresas para realizar obras temporales y ajenas a las que hacían con sus obreros y empleados; era pactada de modo bilateral -capital y trabajo- en los CCT, no había subcontratación al margen del sindicato, ni obras y labores permanentes en las empresas con outsourcing, salvo excepciones. Desde 1988 hizo su aparición masiva y tuvo un constante crecimiento a la par de la venta de los CCT. Lo impulsaron los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, declinando su responsabilidad de gobernar conforme a la Constitución, cedieron el mando a la oligarquía bien organizada, en sus monopolios, cámaras, partidos, sindicatos, medios, etc.

A partir de que toma fuerza el neoliberalismo y los gobiernos actúan contra la Constitución y la LFT, con la privatización de la empresa pública, de puertos, playas, fronteras, reducción del presupuesto social, de educación, seguridad social, vivienda, agricultura y cultura, el ámbito laboral se degradó, en perjuicio del trabajo. Todo para fortalecer a la “pobrecita iniciativa privada” y más a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, que conforman la cúspide social: la oligarquía, el enemigo principal del pueblo.

La patronal se quejó de no ser escuchada sobre la subcontratación, a pesar de los dos foros abiertos en el Senado y con los diputados, apenas en enero y febrero pasados, donde tuvo una sobrerrepresentación: por cada 5 abogados y especialistas patronales, apenas hubo uno de los sindicatos. Y además tuvo a casi todos los medios a su servicio.

Sabemos que no basta una buena reforma para lograr su propósito, es necesario que las autoridades la apliquen y hagan que se cumpla por los demás cabalmente. Pero en enero del 2020, la Secretaria de Trabajo se opuso a la reforma iniciada por en el Senado, igual que Ricardo Monreal y el Consejo Coordinador Empresarial, como antes se opusieron a reformar los salarios caídos por despido injustificado, que la misma reforma de 2012 con el PAN, PRI y PRD impusieron haciendo retroceder derechos. Por lo que hoy, para avanzar, esta reforma reclama la participación activa de los trabajadores, la sociedad, los universitarios y de todos aquellos que se sientan comprometidos con la democracia real.

*Abogado miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.