La nueva ley busca mayor control financiero, pero podría provocar cierres de negocios, advierte Coparmex.

La reciente aprobación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha encendido las alarmas entre empresarios del país y de Salamanca, donde predominan las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Con 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones, diputados de Morena y sus aliados avalaron la reforma en lo general y en lo particular, y fue enviada al Ejecutivo sin pasar por las comisiones ordinarias, bajo el argumento de «urgente resolución».

El nuevo marco legal busca fortalecer el combate al lavado de dinero mediante medidas como la creación de un padrón de “personas políticamente expuestas”, el monitoreo de gastos con tarjetas superiores a los 91 mil pesos mensuales, y el requerimiento de datos detallados a empresas, partidos políticos, sindicatos y servidores públicos.

Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha manifestado una fuerte preocupación por los posibles efectos adversos de esta reforma en la economía formal, especialmente en los pequeños negocios que conforman gran parte del tejido comercial de ciudades como Salamanca.

En un comunicado, Coparmex advirtió que los cambios implican una sobrerregulación que podría complicar el funcionamiento diario de las empresas, al ampliar las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables. Esto incluye identificar a todos los clientes con documentación oficial, y en el caso de personas morales, recabar información precisa sobre sus beneficiarios.

Además, la reforma incrementa el número de operaciones que deben ser reportadas al SAT y mantiene restricciones en el uso de efectivo, una medida que, según la organización, ignora la baja bancarización que aún persiste en muchos sectores del país.

Coparmex alertó que las MiPyMEs podrían enfrentar altos costos operativos para cumplir con las nuevas disposiciones, incluyendo inversiones en tecnología, capacitación y asesoría especializada. En contextos como el salmantino, donde muchas empresas operan con márgenes reducidos, esto podría derivar en cierres o en un aumento de la informalidad.

“Compartimos el objetivo de prevenir el lavado de dinero, pero no a costa de la viabilidad empresarial”, subrayó la organización. También criticó la eliminación del requisito de probar dolo en ciertos casos, lo que podría derivar en sanciones automáticas de hasta 7.3 millones de pesos o el 100% del valor de la operación.

La Coparmex hizo un llamado al Congreso y al Ejecutivo para revisar la reforma con base en evidencia y diálogo con el sector productivo. Enfatizó que una regulación eficaz debe ser proporcional, gradual y adaptada a la realidad del país.

En Salamanca, donde comerciantes y pequeños empresarios ya enfrentan desafíos como la inseguridad y la inflación, esta reforma podría sumar un obstáculo más. El temor es claro: si no se acompaña con apoyos y claridad, la medida puede terminar castigando a quienes ya cumplen, mientras el comercio informal sigue creciendo sin restricciones.