La pesadilla de muchas madres buscadoras en Irapuato no termina con la desaparición de sus seres queridos. A la angustia y la lucha constante, se suma ahora el abuso por parte de gestores y tramitadores que, aprovechándose de su dolor y desconocimiento, les exigen dinero a cambio de apoyos que, por ley, deberían ser gratuitos.

De acuerdo con testimonios recabados por colectivos de búsqueda y confirmado por la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), estos fraudes se han convertido en una constante no solo en Irapuato, sino en municipios como Celaya, Salamanca y los Apaseos.

Se ha documentado que algunos individuos se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas, acercándose con falsas promesas de ayuda para gestionar apoyos económicos, servicios o trámites. Sin embargo, detrás de estas aparentes soluciones, lo que realmente buscan es obtener un beneficio económico personal, cobrando por beneficios que están garantizados por el Estado.

Según datos oficiales, se han detectado al menos mil casos de cobros indebidos por estos apoyos entre 2021 y 2024. Las víctimas: mujeres que integran colectivos de búsqueda o familiares que enfrentan procesos jurídicos por desaparición.

El apoyo en cuestión forma parte de un fondo estatal que busca cubrir gastos de alimentación, transporte, hospedaje y asistencia psicológica. Sin embargo, los gestores exigen sumas que van de los 500 a los 3 mil pesos por “agilizar” o “asegurar” el trámite.

Algunas buscadoras han sido también amenazadas si denuncian, mientras que otras se han visto obligadas a abandonar sus labores ante la constante revictimización.

En reuniones recientes con la gobernadora de Guanajuato, colectivos han exigido mayor vigilancia, transparencia y acompañamiento real en estos procesos. A raíz de estas denuncias, el gobierno estatal anunció el fortalecimiento del equipo de atención directa, así como el aumento de recursos asignados a la CEAVI para evitar la intervención de intermediarios.

No obstante, los colectivos afirman que los abusos siguen ocurriendo y urgen una campaña de información clara y masiva, para que las víctimas sepan dónde, cómo y con quién hacer sus trámites.

De acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Víctimas, toda persona afectada por un delito o una violación a derechos humanos tiene derecho a recibir atención, apoyo y reparación sin costo alguno. Cualquier cobro o condición adicional es ilegal y debe denunciarse.

_{📸: Cuartoscuro}