En el municipio de León, las denuncias por acoso laboral y sexual dentro del gobierno local han aumentado de forma notable en los últimos años, pero la falta de una legislación específica sigue limitando la forma en que pueden ser sancionadas.

Actualmente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas no considera el acoso como una falta grave, por lo que los casos deben clasificarse bajo conceptos más generales, como “faltas de respeto” o “conductas indebidas”. Esto impide aplicar sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos y deja amplios vacíos legales en la atención a las víctimas.

Debido a esta carencia, el municipio ha tenido que apoyarse en su propio Código de Ética, donde se establecen lineamientos para identificar y castigar comportamientos de índole sexual o de abuso de poder. Sin embargo, las herramientas legales continúan siendo limitadas.

De acuerdo con datos de la Contraloría Municipal, en esta administración el número de denuncias se triplicó respecto a la anterior, lo que refleja una mayor visibilidad de los casos, pero también una insuficiente capacidad institucional para atenderlos y sancionarlos.

En algunos casos recientes se han impuesto sanciones como destituciones e inhabilitaciones, aunque muchas denuncias todavía enfrentan procesos largos y complicados por la falta de un marco jurídico sólido.

Ante este panorama, especialistas y organismos locales han insistido en la necesidad de tipificar el acoso laboral y sexual como faltas graves, lo que permitiría una respuesta más efectiva y justa en el servicio público.