Este 25 de febrero se cumplió un año de la desaparición de Luis Ángel Alvarado en Salamanca. Doce meses de incertidumbre para una familia que asegura vivir en un infierno desde el día en que se lo llevaron y no volvieron a saber nada de él.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Luis Ángel fue privado de la libertad por hombres que supuestamente se identificaron como ministeriales, quienes además habrían amenazado a su madre para impedir que interviniera. Desde entonces, el silencio ha sido lo único constante. La familia sostiene que, pese a haber denunciado los hechos, la Fiscalía no les ha dado resultados claros ni avances que les permitan tener esperanza real de localizarlo.

Con el paso del tiempo, el dolor ha cambiado incluso el sentido de su exigencia. Ya no hablan de castigo ni de responsables; lo único que buscan es saber dónde está. Vivo o no, necesitan encontrarlo. La incertidumbre prolongada se ha convertido en una herida abierta que no cierra.

Luis Ángel ha sido descrito como un joven trabajador y respetuoso, alguien que desde muy pequeño comenzó a esforzarse para solventar sus estudios y de quien su rutina era sencilla, pues siempre iba del trabajo a su casa, era cercano a su familia y a su comunidad. No tenía conflictos conocidos ni antecedentes que hicieran pensar en algún riesgo. Esa normalidad es lo que vuelve más incomprensible su ausencia y más profunda la pregunta que su familia se repite cada día ¿por qué él?

Su caso no ocurre en el vacío, ya que forma parte de una crisis que desde hace años golpea con fuerza al estado de Guanajuato. Registros oficiales recientes muestran que durante 2025 continúan reportándose desapariciones en distintos municipios y Salamanca sigue figurando entre los que mantienen casos activos.

En los últimos años, el municipio ha acumulado más de doscientas personas desaparecidas que aún no han sido localizadas, una cifra que refleja la dimensión del problema y el impacto que tiene en decenas de familias. A nivel estatal, los reportes siguen sumándose trimestre tras trimestre, mientras los procesos de investigación avanzan lentamente y sin resultados visibles para quienes esperan en casa.

Colectivos de búsqueda han señalado en reiteradas ocasiones que la respuesta institucional no ha sido suficiente frente a la magnitud de la crisis. Las familias enfrentan trámites largos, desgaste emocional y una constante sensación de abandono. Cada carpeta abierta representa no solo un expediente, sino una vida interrumpida y un hogar marcado por la incertidumbre.

En el caso de Luis Ángel, el expediente continúa abierto, pero el tiempo ha transcurrido sin que haya información concluyente sobre su paradero. Para su familia, cada día sin noticias es una carga que se suma al miedo y a la desesperación. La ausencia no solo se mide en meses, sino en celebraciones que ya no son completas, en espacios vacíos en la mesa y en la angustia permanente de no saber.

A un año de su desaparición, la exigencia de cada familia es que las autoridades investiguen con seriedad, que no se minimicen los casos y que se priorice la localización de las personas desaparecidas. Mientras las cifras siguen creciendo, detrás de cada número hay una historia como la de Luis Ángel, un joven con sueños, una madre esperando y una familia que se niega a dejar de buscar.

La crisis de desapariciones en Salamanca no es solo una estadística, es una realidad que continúa marcando a la comunidad y que exige respuestas más allá de los discursos. Porque para quienes esperan, el tiempo no es un dato oficial, es una herida que sigue abierta.