Reconozco y celebro la decisión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de enviar al Senado de la República el Plan B de la reforma electoral, una propuesta integral que contempla reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.

Como senador por Guanajuato, lo digo con absoluta claridad: la Presidenta cuenta con todo mi respaldo.

Este proyecto se sintetiza en un principio fundamental: menos privilegios y más democracia.

Se fortalece el poder ciudadano al ampliar los periodos para solicitar la revocación de mandato —a realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028— porque en una verdadera democracia el pueblo pone y el pueblo quita.

Es acertado y responsable mantener la elección judicial en 2027, haciéndola coincidir con la elección federal. Esta decisión no sólo mejora la organización del proceso, sino que evita duplicidades y gastos innecesarios, reafirmando el compromiso con la austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos.

La reforma también introduce cambios estructurales de gran calado:
• En municipios, se establece un máximo de 15 regidurías y una sola sindicatura, para evitar estructuras sobredimensionadas.
• En los congresos locales, se fija un tope presupuestal del 0.70% del gasto estatal, obligando a un ejercicio responsable del dinero público.
• En el Senado de la República, se plantea una reducción progresiva del gasto hasta alcanzar el 15%.

Se pone fin a los excesos en los órganos electorales:
• Ningún funcionario del INE ni de tribunales electorales podrá ganar más que la Presidenta.
• Se eliminan bonos, seguros y privilegios injustificados.
• Se establecen topes salariales y mecanismos de fiscalización más estrictos, apoyados en tecnología.

En materia operativa, la reforma propone que los cómputos electorales inicien desde la llegada del primer paquete, agilizando resultados y fortaleciendo la certeza.

En cuanto a los partidos políticos, se da un paso decisivo hacia la transparencia:
• Obligación de reportar operaciones financieras en tiempo real.
• Tope de remuneraciones alineado al servicio público.
• Prohibición absoluta de recursos ilícitos, en efectivo, o de origen extranjero en campañas.

Y algo fundamental: los ahorros derivados de esta reforma no se quedarán en la burocracia, se destinarán a obras de infraestructura pública, es decir, regresarán directamente al pueblo.

Respaldo también la visión de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien ha sido clara: no puede haber democracia con privilegios.

Hoy estamos frente a una decisión de fondo: o defendemos los intereses de una burocracia electoral costosa, o nos ponemos del lado de la gente.

Desde el Senado de la República, actuaré con firmeza, responsabilidad y convicción para acompañar esta transformación.

Porque la democracia no debe ser un negocio para unos cuantos.
Debe ser un instrumento al servicio del pueblo.

Y en esa ruta, no vamos a dar un paso atrás.