La terminal de almacenamiento de combustibles ubicada en la comunidad de La Fragua, en San Luis de la Paz, Guanajuato, se encuentra actualmente bajo investigación de las autoridades tras el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburos.

La historia de esta instalación, sin embargo, se remonta a los gobiernos del PAN y del PRI. La planta fue inaugurada en 2017, cuando Miguel Márquez Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN), era gobernador de Guanajuato y Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), era presidente de México.

En el acto de inauguración estuvo presente Pedro Joaquín Coldwell, entonces secretario de Energía del gobierno federal.

El dato adquiere relevancia a partir de la investigación actual, ya que la terminal que hoy se encuentra bajo escrutinio no apareció de manera clandestina, sino que fue desarrollada y puesta en operación dentro del marco administrativo de aquellos gobiernos.

Durante la administración de Miguel Márquez en Guanajuato se concretó la puesta en marcha de la terminal. La instalación fue inaugurada públicamente en 2017, en un contexto marcado por la apertura del mercado de combustibles derivada de la reforma energética impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La presencia del gobernador panista y del secretario de Energía priista en la inauguración evidencia el respaldo institucional que tuvo el proyecto en ese momento.

Posteriormente, en 2018, la terminal recibió autorización para incrementar considerablemente su capacidad de almacenamiento, hasta alcanzar alrededor de 97.7 millones de litros.

De esta manera, la infraestructura que hoy está en el centro de una investigación por presunto almacenamiento de combustible de procedencia ilícita fue autorizada, desarrollada y ampliada durante administraciones encabezadas por el PAN y el PRI.

Esto constituye un antecedente político y administrativo documentable, aunque no significa por sí mismo que los entonces funcionarios hayan participado en el presunto tráfico ilegal de hidrocarburos que actualmente investiga la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso actual comenzó, de acuerdo con la información difundida sobre la investigación, después de que las autoridades detuvieran al conductor de una pipa que transportaba aproximadamente 33 mil litros de combustible cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Las indagatorias llevaron posteriormente a la terminal ubicada en La Fragua.

En el inmueble fueron asegurados aproximadamente 59 millones de litros de combustible, distribuidos en alrededor de:

* 33.5 millones de litros de gasolina regular
* 7.2 millones de litros de gasolina premium
* 18.2 millones de litros de diésel

La magnitud del aseguramiento convirtió a la instalación en un punto central de las investigaciones sobre el posible origen y destino del combustible.

La historia de la planta tampoco estuvo libre de cuestionamientos antes del actual aseguramiento.

En 2019, habitantes de la zona expresaron su preocupación por la operación y ampliación de la terminal. Entre sus señalamientos se encontraban los olores a hidrocarburos, la cercanía con escuelas y los riesgos que, a su consideración, representaba el incremento de los tanques de almacenamiento.

Estos reclamos ocurrieron varios años antes de la investigación actual y forman parte de los antecedentes de la instalación.

El caso plantea dos cuestiones que deben mantenerse separadas.

La primera es la responsabilidad administrativa y política de las autoridades que estuvieron al frente de los gobiernos cuando la terminal fue autorizada, inaugurada y posteriormente ampliada.

En ese sentido, sí existe un vínculo documentado, pues la planta comenzó operaciones durante el gobierno panista de Miguel Márquez en Guanajuato y el gobierno priista de Enrique Peña Nieto a nivel federal.

Si la planta contaba con permisos y autorizaciones oficiales, será necesario determinar qué autoridades participaron en su aprobación, qué verificaciones se realizaron, quién supervisó posteriormente sus operaciones y si se cumplieron las condiciones establecidas en las autorizaciones.

También deberá establecerse si hubo modificaciones posteriores que permitieron incrementar su capacidad y bajo qué criterios fueron aprobadas.

En otras palabras, la investigación actual no solamente apunta al combustible encontrado, sino que inevitablemente vuelve la mirada hacia la cadena administrativa que permitió que esa infraestructura existiera y operara durante años.

El aseguramiento de los casi 59 millones de litros representa solamente una parte de la investigación.

Las autoridades deberán establecer el origen del combustible, la documentación con la que ingresó a la terminal, las empresas involucradas, las rutas utilizadas para transportarlo y las personas responsables de su almacenamiento y comercialización.

También deberán determinar si existieron irregularidades en los permisos o si funcionarios públicos, empresarios o particulares incurrieron en conductas ilícitas.