Por: Observadora exterior.
Buenos días lectores, por si los claros actos de corrupción que pusieron a Salamanca en los reflectores nacionales derivados de las irregularidades en el tema del C4 no fueron suficientes y ante los cuales la actual legislatura ya se deslindó, a solo unos cuantos días de que concluya la administración de Justino Arriaga Rojas, siguen saliendo a la luz más temas de probable corrupción ahora en el CMAPAS. Aquí la opinión de la semana.
Bajo la lupa.
Ahora el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) podría estar en el ojo del huracán por posibles actos de corrupción en dónde incluso PEMEX también podría generar cierto sospechosísimo, pues resulta que CMAPAS da negocio del agua a 2 empresas al mismo tiempo.
Teniendo asignado el proyecto de suministro de agua tratada a RIAMA con la empresa del brasileño ODEBRECHT acusado de corrupción, lavado de dinero y sobornos a cambio de obtener lucrativos contratos. El pasado 18 de mayo de 2015 CMAPAS asigna por segunda vez el mismo proyecto a las Empresas Terrabrio SAPI de CV, TICSA y EPM y sus filiales ECOAGUA, lo cual es causa de impugnación por las administraciones siguientes o por las empresas y particulares afectados por esta doble asignación y es hasta el 30 de junio 2015 cuando dan de baja a ODEBRECHT-motivo por el que posiblemente se declara incompetente de suministrar el agua tratada a PEMEX-.
Pero ahí no termina todo, resulta que las empresas del grupo EPM construyeron la planta tratadora de aguas residuales de la ciudad Torreón en Coahuila donde se presume fueron acusados de malos manejos financieros y fueron demandados por el organismo operador del agua de Torreón, donde a pesar de no servir la planta el consorcio exigió el pago de 500 millones al organismo operador. Lo cuestionable del tema radica en que hace algunos meses el presidente del CMAPAS Francisco Rizo declaro la incapacidad del organismo operador para suministrar el agua tratada a PEMEX y el hace casi un mes la paraestatal y el organismo operador aplazaron 18 meses más la vigencia del convenio para el proyecto de suministro de agua tratada, aún y cuando CMAPAS no tiene la capacidad de suministrar los más 800 litros por segundo que requiere PEMEX. ¿Cuál será el especial interés que tienen los directivos de PEMEX y CMAPAS en este convenio?
¿Pago por hueso?
Sin autorización del Ayuntamiento-que igual y ni cuenta se dio por eso de que en los últimos meses solo alzan la mano por inercia-la administración de Justino Arriaga Silvia pago 380 mil pesos a la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobierno Confiables (FIDEGOC) encabezada por el panista Carlos Gadsden Carrasco, ex presidente del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la SEGOB en el gobierno foxista-de dónde agarró las bases para hacer negocio-, quien además de promover “gobierno confiables”-según el pago-cuenta con varias compañías en el extranjero que venden sus servicios tanto a gobiernos panistas como priistas con la camiseta de sociedad civil, conviniendo a sus intereses. Carlos Gadsden también se vio beneficiado con aquel contrato millonario que el ex alcalde panista de León Ricardo Sheffield otorgó a la FIDEGOC con el pretexto de capacitar a funcionarios del ayuntamiento panistas en materia de gobierno digital y transparencia. Si realmente al gobierno de Justino Arriaga Rojas le importará conocer el desempeño de su administración ¿por qué no se acercó al INAFED en lugar de pagar a esta fundación panista? Saque sus conclusiones.
A plebiscito
Cada presidente municipal, aun y siendo del mismo partido-pero de diferente grupo-trata de dejar “huella” con una u otra obra a la que califican como la más trascendente para Salamanca, pero que casi nunca cumple su cometido social aunque sí muy particular tanto para quien la proyecta como para quien la ejecuta. En la administración pasada el proyecto de la avenida Insurgentes es lo equivalente a la obra de la ciclovía-aunque está la rebasa por mucho-dos obras muy ambiciosas con muy poca o nula planeación, costos inflados y hasta ciudadanos en peligro es lo único que han dejado, pues esta administración no le dio continuidad a la obra de la avenida insurgentes y aunque todo indica que la administración entrante si le dará seguimiento a la de la ciclovía el reto radicará en la aceptación ciudadana, pues se dice que algunos salmantinos ya se están organizando para recurrir al plebiscito y evitar que el erario público se siga derrochando en obras no prioritarias para los salmantinos.
Se lavan las manos.
A sólo unos días de que termine la actual legislatura los diputados locales, en particular lo de los distritos con cabecera en Salamanca quedan a deber a los salmantinos, pues no fueron capaces o no quisieron presionar al OFS para avanzar en las investigaciones y el dictamen sobre las irregularidades en las que incurrió Justino Arriaga Rojas y otros servidores públicos en la compra de terrenos donde se ubica el C4; pero no solo quedan a deber eso sino también la investigación que no se llevó a cabo por la probable participación de otros entes que ostentan cargos de elección popular como Karina Padilla Ávila, entonces diputada local y presidenta de la comisión de Hacienda que presumiblemente evitaron que la actual legislatura diera seguimiento al caso, violando con ello la ley de responsabilidades de los servidores públicos.
No da una.
El que va de mal en peor es el encargado de despacho de la presidencia municipal José Fuentes Serrato ante la “licencia” de Justino Arriaga Rojas, pues luego de los actos de violencia ocurridos en la comunidad de Valtierrilla donde perdiera la vida otro joven, el muy insensato dijo que “la voz que las autoridades toman en cuenta es la del delegado y de otros representantes sociales como es el propio sacerdote de la comunidad”, eso lo han dejado muy claro durante esta administración, pero no se le olvide que predican una democracia, y que en las democracias se deben tomar en cuenta las voces de quienes los pusieron en el puesto que ocupan. Ignorar las voces de una comunidad que clama por un derecho elemental como la seguridad es atentar contra su integridad, contra su propia vida porque son ellos quienes todos los días están “viviendo” en una tierra sin ley y limitarse a tomar en cuenta la voz de una sola persona que, además, está por demás comprometida con funcionarios públicos y no con su comunidad es lo más estúpido que un gobierno puede hacer, sobre todo ante una situación tan grave como la que se vive en Valtierrilla en materia de inseguridad.
No fue prioridad.
Preservar un estado de salud optimo ha sido uno de los objetivos que el municipio ha difundido para lograr a toda costa que la población termine por aceptar la obra de la ciclovía, pero a la administración de Justino Arriaga Rojas, se le ha olvidado que el tema medioambiental también juego un papel crucial en el tema de la salud y las actividades al aire libre, y es que ya lo dijeron los ambientales, pocas han sido las acciones que el actual gobierno emprendió para avanzar en el temas pendientes en materia de contaminación en Salamanca, un problema social que, a pesar de que el gobierno lo ignore, sigue siendo una lamentable realidad que afecta las actividades al aire libre, incluidos los recorridos ciclistas. Y mientras que el municipio no demuestre avances, parece que el convenio con la agencia ambiental GIZ, se quedó sólo en firma, y en el tintero, como siempre, los temas de los pasivos ambiental, tekchem, derrames al río Lerma y Temascatio, la mala calidad del aire.
Les llueve sobre mojado
Los que ya no ven salir el sol son los agricultores guanajuatenses quienes a causa de malas prácticas en el manejo preventivo por la plaga del pulgón amarillo y la falta de apoyos económicos perdieron sus cosechas de sorgo, ahora también se ven amenazados los cultivos de maíz blanco por una plaga llama pulgón negro, lo peor del caso es que sea negro o amarillo, el daño ya está hecho y los apoyos nunca llegaron, pues mientras que los gobiernos municipales y estatales se cegaron ante la llegada de las armadoras al “clúster” automotriz en el que se ha convertido Guanajuato, el campo del estado dejo de ser el granero del Bajío por el abandono en el que se tuvo.
Elefante blanco.
Parece que el gasto que hizo el municipio en los GPS resulto ser otra mala “inversión” realizada por el alcalde y por lo menos otro casi medio millón de pesos se convirtió en un elefante blanco, pues a los taxistas les salió más caro el caldo que las albóndigas y prefirieron, por su cuenta, gestionar un programa de geolocalización ante el gobierno federal para que inhibir los asaltos a trabajadores del volante, pero sin afectar sus pocos ingresos. Lo curioso del tema es que el encargado de despecho del municipio José Fuentes Serrato pidió a los taxistas que regresen los GPS e informen cuántos ya no están operando, pero ¿qué no se supone que los monitorean? Por lo tanto debería el municipio saber cuántos operan y cuántos no y desde cuándo dejaron de operar. En fin así la falta de compromiso. No acabo de entender ¿para qué tanto gasto en programas a los que ni siquiera les dan seguimiento? Bueno, la verdad es que si entiendo el por qué y seguramente usted también.
