Las cárceles mexicanas han sido escenarios de fugas, fiestas, riñas y amotinamientos. Se imponen los autogobiernos, en momentos en que las autoridades han buscado reducir la población carcelaria.

Motines, asesinatos, fugas, violencia: la crisis que viven las cárceles de México desde hace años está lejos de solucionarse por el hacinamiento, los tentáculos de las bandas criminales entre rejas y la corrupción de las autoridades.

«La crisis se debe a dos factores», explica Guillermo Zepeda, director de Jurimetría, un centro de investigación de temas legales. «Por una parte al hacinamiento y por otra al crimen organizado, que ha permeado ya a los centros penitenciarios».

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha insistido en su intención de enfrentar este problema endémico con más infraestructuras, equipamientos, aumentando los salarios y reforzando la capacitación del personal.

En el último año se logró reducir la población carcelaria en 30 mil personas, pero el 58 por ciento de los actuales 216 mil 831 reos viven hacinados. Esto significa que más de un tercio de las 375 cárceles del país están sobrepobladas.

ARMAS Y FIESTAS

En varias cárceles, las bandas criminales terminan imponiendo su autogobierno y mantienen sus rivalidades, originando riñas, motines, fugas y asesinatos.

Este año se han registrado balaceras, incendios y hasta el escape de 29 reos en varias prisiones de Tamaulipas. De Sinaloa huyó el hijo de Juan José Esparragoza, uno de los fundadores del poderoso cártel de Sinaloa.

Las redes sociales han hervido en las últimas semanas con las imágenes de una «narcofiesta» en una cárcel de Jalisco, donde decenas de presos toman alcohol, comen y disfrutan de un concierto en directo, y con un video de reos maltratados y obligados a limpiar vestidos con ropa interior femenina.

Hace apenas unos días, la policía encontró armas largas y un túnel en otro presidio de Tamaulipas donde el 80 por ciento de los detenidos son miembros del cártel del Golfo.

En la memoria están las dos espectaculares huidas en 2001 y 2015 de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los mayores narcotraficantes del mundo, y la masacre del año pasado en la cárcel de Topo Chico en Nuevo León, que dejó 49 muertos por una pelea.

Este escenario solo es posible por «la corrupción dentro del sistema», reitera la académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas Catalina Pérez. «Hay muchísima corrupción de la que nadie se ocupa».

«Terminan unos internos pagando por tener celdas de lujo y todo lo que quieren tener, mientras que los más pobres son los que limpian los escusados (baños)», cuenta.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó de nuevo en mayo «su preocupación por el agravamiento de las condiciones de autogobierno/cogobierno en centros penitenciarios, ante el aumento de internos vinculados a la delincuencia organizada o con suficiente capacidad económica».

UNA LEY INEFICAZ

Casi el 50 por ciento de los reos en prisiones federales y el 30 por ciento en penales estatales están detenidos de forma preventiva, a la espera de un juicio y una sentencia. En muchos casos, esperan castigos por delitos menores, como robos sin violencia.

«La gente que está ahí es la que tiene menos recursos, que han sido acusados solo por delitos menores», señala Pérez.

En su opinión, México debe decidir qué función da a las cárceles: «Si las vamos a usar para quienes poseen mínimas cantidades de sustancias ilícitas o para reinsertar (a la sociedad) a quienes cometieron los peores delitos», plantea.

En junio de 2016, el Congreso aprobó una ley de sanciones penales que, además de la prisión, prevé otras penas como la reparación de daños o trabajos comunitarios.

La norma busca lograr la reinserción social de los delincuentes y despresurizar las cárceles, pero su proceso de implementación avanza lentamente.

«Tenemos ahora que exigirle a la autoridad que cumpla de manera debida con la ley, y es algo que no vemos que esté aconteciendo», señala la senadora Angélica de la Peña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y al frente de la comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta.

Las organizaciones civiles, de su lado, están preocupadas porque la sociedad no ha sido educada para aceptar a quien ha estado preso.

«Si saliendo de la cárcel no encuentra trabajo, es discriminado, es el señalado de su barrio, pues es el cuento de nunca terminar», subraya Consuelo Bañuelos, directora de Promoción de Paz, una organización que busca la reinserción social de los presos.

Con información de El Financiero