La Procuraduría General de Justicia del Estado en comunicado de prensa informó  que la actual Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha dado consecución a la investigación realizada dentro de la Averiguación Previa 101/2015, iniciada en fecha 2 de octubre de 2015, por denuncia presentada por la Contraloría Municipal por hechos delictuosos cometidos en agravio del Municipio de León, a la que posteriormente se acumuló denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) en virtud de las auditorías realizadas cuyo dictamen fue aprobado en su momento en la Comisión de Hacienda y Fiscalización y posteriormente en el Pleno del Congreso del Estado, por los mismos hechos presuntamente constitutivos del delito de peculado, previsto en el artículo 248 del Código penal del Estado.

Derivado de su integración, como parte del desarrollo de las investigaciones, en el caso concreto a fin de estar en posibilidad jurídica de proseguir conforme a derecho, al contar con elementos suficientes para ejercer acción penal, se requiere previamente colmar el presupuesto legal de eliminar la protección constitucional con motivo del cargo, considerando la calidad actual que ostenta la persona involucrada.

Bajo tal contexto, el pasado lunes 13 de octubre PRESENTAMOS ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión SOLICITUD DE DECLARATORIA DE PROCEDENCIA en contra de la ex Presidenta Municipal de León, C. María Bárbara Botello Santibáñez, actual Diputada Federal, por la presunta comisión de hechos cometidos durante su gestión como Alcaldesa durante la Administración Municipal 2012-2015, consistentes esencialmente en contratar empresas denominadas Participación en Proyectos Gova S.A de C.V; Asesoría Especializada Aspecto Aeesa S.A de C.V y Advise Experts Trilogy S.A de C.V; que no prestaron servicio alguno y que dispusieron indebidamente del patrimonio público, siendo de resaltar que inclusive se encuentra acreditada la existencia de “empresas fantasma”, redes de corrupción y la realización de actos orquestados para intentar dar apariencia de legalidad y aprovecharse y disponer ilícitamente de los recursos de la administración municipal.