El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, defendió la Ley de Seguridad Interior y afirmó que esta dará certeza en el actuar de las Fuerzas Armadas cuando acudan a los estados a reforzar la seguridad.

En el evento, donde se presentó el Programa Estatal de Derechos Humanos, el funcionario federal afirmó que la presencia militar en las entidades será controlada, por lo que no incursionarán en todas las actividades garantizando con ello la autonomía de los gobiernos estatales y municipales.

«Hoy mismo se debate en nuestro país el papel de las fuerzas federales, particularmente de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. En muchos lugares y particularmente en Michoacán sabemos lo que significan las Fuerzas Armadas, y su presencia es indispensable”, dijo.

Comentó que la ley marca de manera exacta el actuar de las Fuerzas Armadas,dejando establecido que no será necesaria su intervención en eventos menores como manifestaciones u otros eventos donde su actividad se ponga en entredicho.

«Creemos que conviene tener un marco legal que regule, que precise estas condiciones, naturalmente también un marco legal que le prohíbe involucrarse por ejemplo a partir de una declaratoria en manifestaciones políticas o en reclamos de otro tipo pacíficos respetando a las autoridades civiles”, enfatizó el subsecretario de la Segob.

En tanto y con respecto del Programa Estatal de Derechos Humanos, Campa Cifrián detalló que éste se logró gracias a la participación de la ciudadanía en los foros de consulta que se llevaron a cabo en las 10 regiones del estado.

Recordó que es obligación de las autoridades gubernamentales salvaguardar los derechos humanos, pues conforme a las doctrinas internacionales el Estado es el que tiene la obligación de protegerlos y tutelarlos.

Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, detalló el programa está definido en 6 objetivos y 53 líneas de acción que tienen que ver con las tareas de seguridad, con las responsabilidades en materia de justicia y las obligaciones del Estado Mexicano en materia de seguridad, puntualizó.