En más de 11 meses han sido verificadas 117 mil 454 mangueras que son utilizadas para despachar gasolina en México y, de ellas, cuatro mil 252 presentaron irregularidades, informó Rogelio Cerda Pérez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Después de que el organismo supervisó siete mil 899 gasolineras hasta el pasado 11 de diciembre, explicó que la “repetibilidad” es el principal error encontrados en las estaciones, es decir, la inestabilidad de las mangueras al efectuar diferentes mediciones de combustible por la misma cantidad pagada.
Precisó que en dos mil 80 mangueras se encontró este inconveniente y otras 243 fueron por fallas en la venta de litros de combustible incompletos, aunque en éstas no se identificaron alteraciones voluntarias de los equipos despachadores.
El subprocurador de Verificación de la Profeco, Raymundo Rodríguez Diego, ejemplificó que la alteración es similar a ponerle “un diablito al medidor de luz, con la intención de que la lectura de menos. Es solo porque los equipos se descalibran por el uso”.
Las más cuatro mil mangueras detectadas ya han sido inmovilizadas y, aunque se reservó la cantidad de multas por las infracciones “porque todavía no están firmes”, el funcionario argumentó que el organismo está en espera de saber cuáles fueron cobradas por el SAT, “pero todas siguen en disputa”.
No obstante, el procurador comentó que el total de estaciones supervisadas son parte de la meta trazada para 2017, de al menos siete mil 200 revisadas en todo el país, y aseguró que las denuncias han ido a la baja a partir de que hay mayor competencia en el sector.
«(Debo) reconocer que la competencia, que se está gestando en este mercado, ha llevado a la baja las denuncias, porque el consumidor va a las estaciones que les venden litros completos”, manifestó en reunión con representantes de medios de comunicación.
Los precios de las gasolinas quedaron liberados ya en todo el país desde el pasado 30 de noviembre, luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) decidió adelantar la quinta etapa -que incluía a estados de la Península de Yucatán- en la flexibilización de ese mercado.
