El pleno del Senado de la República aprobó endurecer las sanciones por robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, con penas de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Actualmente, dichos delitos se castigan con un máximo de 25 años de prisión y 25 mil días de salario mínimo.

«Con esto se busca disminuir la incidencia de dicho delito y actualizar el marco jurídico con la desindexación del salario mínimo, por la unidad de medida y actualización”, explicó desde tribuna el priista Raúl Pozos Lanz, senador del PRI.

Con la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, avalada con 66 votos a favor, 12 en contra y una abstención, también se castiga a quien financie estos delitos, con penas de 17 a 25 años de cárcel.

«Ahora vamos a subir las penas, ¿no? Vamos a subir las penas, cuando llevamos seis años, casi seis años de un robo creciente, como aquí ya se dieron las cifras, y no resuelven nada. ¿Y por qué no se resuelve nada? Pues, no se resuelve nada, porque el gobierno, autoridades, funcionarios de Pemex están coludidos en el robo, de la ordeña de los ductos, es evidente”, señaló el senador Manuel Bartlett, coordinador del PT en el Senado.

Al respecto, luego de reunirse con diputados y senadores de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, aplaudió la aprobación de la minuta, empero, dijo, no es suficiente.

«Depende de la voluntad del Congreso, necesitaría hacerse una adecuación a los criterios que hay para la prisión preventiva para quien comete estos delitos y desde luego algunas otras formas de intervención. Lo he platicado con la Comisión de Seguridad Bicamaral, con la que tuve oportunidad de reunirme, también a propuesta de ellos, pero desde luego con mucho respeto a lo que decidan las Cámaras”, dijo en conferencia.

Además del Senado, la reforma ya fue avalada por la Cámara de Diputados, y fue remitida al Ejecutivo federal para su eventual promulgación.