Acusado en diversas denuncias del PRI y PRD por un dispendio en el pago de la promoción de su imagen personal, la opacidad en un negocio de compra de terrenos y un oneroso contrato con la empresa Seguritech, para un programa fallido de seguridad en su estado, el gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, figura nuevamente entre los posibles aspirantes a la candidatura presidencial del PAN para el 2018. Ahora impulsado por el ex presidente Vicente Fox Quesada, Márquez Márquez tiene, por lo menos, tres denuncias en el seno del Congreso de la Unión.
La semana pasada, en plena tribuna de la Comisión Permanente del Congreso, los diputados y senadores del PRI solicitaron que el Poder Legislativo ordene a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato “fiscalizar los recursos destinados por el gobierno del estado de Guanajuato a publicidad y medios de comunicación durante la actual administración, con el objeto de garantizar su eficiente aplicación”.
Los priistas detallaron que de 2013 a 2016, Márquez ha destinado 730 millones 326 mil pesos al gasto de publicidad y medios de comunicación para la promoción de su imagen personal y de su gobierno.
Añaden que, en promedio, cada año el actual gobierno ha canalizado más de 200 millones de pesos en propaganda, aunque desglosan que en 2013 se tiene registrado un monto superior a los 88 millones; en 2014 se elevó a 183 millones 184 mil pesos; en 2015 fueron 235 millones 575 mil 37 pesos, y en 2016 pasó a 223 millones 566 mil 966 pesos.
También, en otra denuncia presentada por el PRI y PRD, acusan a Márquez de mantener en la opacidad un “negocio” de más de 377 millones de pesos, al comprar a la empresa JAOS –creada en junio del 2014 por los empresarios regiomontanos José María Garza Ponce y José María Garza Treviño, del Grupo Garza Ponce– un terreno de 260 hectáreas, por el que pagó a un millón 450 mil pesos cada hectárea de tierra, cuando la empresa compró a 180 mil pesos cada hectárea, “mediante favores y tráfico de influencias del gobernador”.
Es decir, que de haber pagado sólo 46 millones 800 mil pesos, la empresa cobró al gobierno del estado 377 millones de pesos. Detallan que las 260 hectáreas de estos terrenos fueron parte de las 607 hectáreas que fueron utilizadas para la instalación de la planta automotriz japonesa Toyota.
Las bancadas del PRI y PRD también plantearon ante la Comisión Permanente del Congreso que se ordene al gobernador Márquez presentar un informe sobre los resultados de la implementación del “fallido” programa “Escudo”, aquel en el que el gobierno del panista gastó más de 2 mil 700 millones de pesos, en un contrato con la empresa Seguritech.
