No fue circunstancial que el estado de Guanajuato, en particular esta ciudad, fueran elegidos como sede para uno de los foros articulados por integrantes del próximo gobierno federal para la reconciliación y la pacificación nacional.
Si esta entidad ocupa hoy el primer lugar en la escala nacional de homicidios dolosos y violencia, el camino para llegar a esa funesta cumbre se comenzó a andar hace años, y así lo dejaron de manifiesto, fuerte y claro, las voces que resonaron en este foro, celebrado en un recinto de la Universidad de Guanajuato, armado por organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos.
A la par de los testimonios sobre la desaparición de guanajuatenses en diversas circunstancias, también se puso en evidencia la falta de capacitación, herramientas legales, protocolos y voluntad de los distintos niveles de autoridad para investigar los casos, interactuar con los ofendidos, víctimas o familiares. Bueno, a veces ni para recibir una denuncia o abrir una carpeta de investigación, dijeron personas afectadas.
Con este preludio, en el encuentro de hoy no hubo titubeos para quienes dieron sus testimonios y encararan sus propias historias; relataron cómo sus vidas y las de sus familias cambiaron desde 2010, 2011, 2017, o en este mismo año.
Sin una Ley estatal de desaparición forzada de personas, una comisión estatal de atención a víctimas o un fondo de reparaciones, o medidas integrales de reparación, los familiares y ofendidos se encuentran en Guanajuato con “una múltiple victimización durante los meses y años en los que nuestras vidas se han convertido en un calvario de burocracia, indolencia, falta de interés por parte de las autoridades y satanización por parte de los gobernantes, en sus discursos antes los medios de comunicación”, como dice una carta que en ocasión del foro, entregaron a Loreta Ortiz, coordinadora de las consultas públicas en esta transición gubernamental federal, dirigida al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Fuente: PROCESO
