Por unanimidad, el Pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Penal con las que se sancionará con una pena mayor e inhabilitación a los servidores públicos, pertenecientes a instituciones de seguridad del estado y los municipios, que faciliten información para la realización de conductas delictivas.

En el dictamen se establece que al servidor público que proporcione información que conozca con motivo de sus funciones para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se les sancionará con tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días de multa.

Además, si el sujeto activo del delito es integrante de institución de seguridad pública, procuración de justicia o impartición de justicia, o de ejecución de penas, la sanción de aumentará hasta con una mitad del máximo.

Asimismo, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

También, a quien realice cualquier acto tendiente a obtener y proporcionar información sobre actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de pena, se le impondrá prisión de dos a siente años y de veinte a setenta días de multa.

La pena se aumentará hasta en una mitad del máximo cuando sea cometido por exintegrantes de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas; sea cometido a través de menores de 18 años o incapaces o se utilicen equipos o artefactos que permitan la intervención o inhibición de comunicaciones de instituciones de seguridad pública.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Cristina Márquez Alcalá precisó que, con esta nueva redacción, la pena de prisión podrá superar los 13 años y también se contemplará en forma específica el proporcionar información con el objetivo de entorpecer el cumplimiento de las acciones de ejecución de penas, así como de las funciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.

Además, dijo se contemplan penas que pueden llegar a superar los 10 años de prisión, no sólo para los que informen, sino también para los que pretendan obtener información sobre las actividades de los servidores públicos en el ámbito de ejecución de penas, seguridad pública, procuración o administración de justicia, con el objetivo de cometer crímenes o entorpecer el trabajo de estas instituciones.

Finalmente, destacó que la reforma planteada pretende brindarle a la sociedad guanajuatense una herramienta jurídica efectiva para castigar el “halconeo”, además de enviar un mensaje en el sentido de que quienes traicionen la confianza de los ciudadanos y de las instituciones enfrentarán todo el peso de la ley.

“La aprobación de la reforma será un reflejo de la unidad de Guanajuato en la lucha para recuperar la tranquilidad de nuestros municipios, porque Guanajuato puede y debe volver a ser el ejemplo de seguridad y de certeza que fue durante muchos años, porque no nos acostumbraremos a la violencia, ni le cederemos al crimen organizado el presente y el futuro de Guanajuato. Perseveraremos en la construcción de la justicia, sumando la fuerza de las instituciones, además de la valentía y la lealtad de millones de guanajuatenses”, agregó.