El neoliberalismo y la crisis del campo en México

Por Alberto Reyna García

A partir de 1982 se impuso en el gobierno y en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) un nuevo sector de  la burguesía gobernante compuesta por los tecnócratas educados en universidades extranjeras, sobre todo estadunidenses, y a partir de diciembre del 2000, un gobierno surgido formalmente del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), representante acreditado de los intereses de Washington, quienes en conjunto han sido en los últimos 20 años los encargados de la aplicación del proyecto neoliberal, que es diametralmente opuesto al proyecto histórico de desarrollo. En particular en el sexenio 1988-1994, fueron los autores de profundas reformas en el sector agropecuario, sumamente negativas y que se han sucedido vertiginosamente, aplicándose sin contemplaciones sus principales componentes.

La aplicación de ese credo, significó actuar con base en el  diagnóstico neoliberal, según el cual los problemas por los que atravesaba la agricultura,  hasta el inicio de los años ochenta, tenían como causa principal el intervencionismo estatal, la consiguiente falta de libertad de los mercados y la presencia de un sector campesino que era incapaz de responder a los retos de la modernización, por lo que se consideraba necesario eliminar las distorsiones en la asignación de los recursos y traspasar el mando de la agricultura al capital privado, el cambio tecnológico y el crecimiento de la producción.

Con base en ese diagnóstico, a partir de 1982  se dio una redefinición de la presencia directa e indirecta del Estado en la actividad agrícola, que se expresó, entre otras cosas, en la progresiva eliminación de subsidios por la venta estatal de fertilizantes y en el uso de electricidad, desmantelamiento de la industria de fertilizantes, en la sustancial reducción de apoyos crediticios de la banca oficial, privatización del seguro agrícola y pecuario, desregulación paulatina del abasto de productos básicos, eliminando la mayoría de las funciones antes asignadas a CONASUPO y en la menor asistencia técnica ofrecida a los productores.

La eliminación del quehacer estatal se acompañó así mismo, de un conjunto de políticas articuladas en torno a los siguientes dos ejes:

• La desprotección respecto de la competencia internacional, buscando igualar los precios agrícolas de México con los existentes a nivel mundial, proceso éste que fue más rápido para la agricultura que para el resto de la economía nacional, y que utilizó los instrumentos como son: la baja generalizada de aranceles, los remplazos de los permisos previos de importación por tarifas, etc.

• La redefinición de las direcciones de la producción agrícola, otorgando mayor primacía a la producción para la exportación y asignando un papel totalmente marginal a la producción para el mercado interno. En apoyo de esa reconversión productiva, se fueron reduciendo paulatinamente los precios de garantía y se culminó con el remplazo de dichos precios por pago directo por hectárea a los productores de básicos a través de PROCAMPO, lo cual, junto con la equiparación de los precios internos con los internacionales empujaría a los productores a desplazar su actividad hacia aquellos cultivos o incluso hacia la producción pecuaria, forestal, etcétera en que tuviesen ventajas comparativas. 

Lo anterior condujo a problemas graves de soberanía como la atomización de la tenencia de la tierra con su consecuente desarraigo por el territorio, pérdida de autosuficiencia alimentaria, y sobrexplotación de los recursos naturales (suelo, agua – acuíferos, bosques, aire – contaminación, biodiversidad) por producción intensiva para la exportación.

    En contraposición a lo descrito anteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo propuesto para la presente administración federal (2019 – 2024) se contempla el tema de la Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo.