La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un oficio mediante el cual se instruye a todas las dependencias del gobierno federal para que “toda aquella persona contratada a partir del primero de diciembre de 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios en cualquier delegación u oficina de representación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberá ser separada de su cargo”.

Según el documento firmado por la Oficial Mayor de la SHCP, Raquel Buenrrostro, “por instrucciones del Presidente de la República” se debe dar cumplimiento a las restricciones establecidas en materia de contrataciones de personal establecidas en el oficio 100-032 del pasado 28 de enero en el que “el que se estableció la prohibición de contratar plazas eventuales y de honorarios adscritas a las delegaciones y oficinas de representación.

© Proporcionado por DEMOS Desarrollo de Medios El presidente Andrés Manuel López Obrador (izq) y el titular de la SHCP, Carlos Manuel Urzúa (der) durante una conferencia de prensa en imagen de archivo. Foto Yazmín Ortega. 

La SHCP detalla las diversas notificaciones oficiales mediante los cuales, a partir del Decreto se reformaron, adicionaron y se derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal mediante lo cual se avanzaría a una reestructuración integral. Refiere que el 7 de diciembre de 2018, se emitieron “criterios específicos por los que se establecen medidas de coordinación de las Unidades de Administración y Finanzas y de control Presupuestario de servicios personales de la Administración Pública Federal”.

La dependencia refiere que en los referidos criterios se estipuló que “no se podría realizar la contratación de personal en las plazas en cuestión; lo anterior, con el propósito de integrar las propuestas de permanencia de las oficinas de representación de las dependencias y entidades, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los transitorios del decreto”.

En dichos transitorios, referían que las dependencias y entidades tendrían un plazo máximo de 180 días a la entrada en vigor del decreto para que presentaran al Titular del Poder Ejecutivo “sus propuestas para mantener oficinas de representación de las entidades federativas, en virtud de los trámites y servicios que otorgan a la ciudadanía o de necesidades derivadas del ejercicio de sus atribuciones”.

En el oficio firmado el pasado 29 de abril, se refiere que las disposiciones contempladas en sucesivas comunicaciones prohibían la contratación de plazas en cada dependencia, motivo por el cual se ordenó la separación de todo el personal que se haya contratado.

La Jornada/ Fuente