Por:Javier Bravo
El gobierno municipal de Héctor López Santillana violentó el derecho de libertad de expresión, a la libertad y seguridad personales, a la integridad personal, así como los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de 22 víctimas durante la represión policial aplicada durante la manifestación feminista del 22 de agosto de 2020.
Sin embargo, el alcalde no es mencionado como responsable, ni es citado en los resolutivos del Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg), Vicente de Jesús Esqueda Méndez, pese a su papel como el mando superior en la seguridad pública del municipio.
Luego de siete meses de investigación -que se cruzó con la sucesión del titular de la Pdheg- esta difundió en su cuenta twitter y en plena madrugada, la resolución de la queja 108/20-A, que integró los casos de jóvenes manifestantes, mujeres periodistas y civiles que sufrieron de golpes, amenazas y detenciones arbitrarias de parte de policías municipales de León.
Son cuatro recomendaciones en las que se ubica como máximo responsable, al Secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, a quien se le pide dar cauce al proceso administrativo en contra de cinco mandos y elementos de la policía municipal, así como la reparación integral de los daños.
Las recomendaciones también se dirigieron al juzgado cívico municipal, por la coparticipación en dichas violaciones de la jueza en turno el día de los hechos.
En ningún aspecto de los resolutivos, la Pdheg citó bajo responsabilidad al presidente municipal Héctor López Santillana, quien únicamente fue citado en los interrogatorios, como parte de los testimonios de los agentes policiales señalados en el expediente, así como dentro de la correspondencia oficial con la administración municipal.
Abuso policial evidenciado
Ese sábado 22 de agosto, cientos de mujeres entre adultos y menores de edad, se manifestaron junto a las colectivas feministas en la Plaza Expiatorio para exigir justicia por Evelyn, una joven leonesa que denunció el abuso sexual que sufrió por parte de dos elementos de la Policía Municipal.
Los sucesos quedaron registrados por diversos medios de comunicación que captaron los momentos más álgidos de la protesta, cuando los contingentes encararon a los agentes policiacos que, de acuerdo a los testimonios registrados en la investigación de la Pdheg, estaban instruidos en intervenir sólo para resguardar la seguridad durante la protesta.
En el lugar se encontraba el director general de la Policía Municipal, Jorge Guillén Rico, quien se encontraba al frente de las operaciones realizadas por sus agentes que ya terminada la manifestación detuvieron a más de 22 personas y agredieron a cuatro periodistas que realizaban la cobertura informativa del evento.
Quedó documentado que el alcalde Héctor López Santillana estuvo enterado del operativo de la policía de León durante la manifestación #JusticiaParaEvelyn pidiendo “preservar la integridad de las manifestantes”, según lo dicho por la Secretaría de Seguridad Publica de León (SSPL).
No obstante, la policía actuó contra ello y realizó las detenciones fuera de flagrancia y con excesivo abuso de la fuerza comandada preventivamente por el subsecretario de Seguridad, Mario Alberto Rodríguez Mariscal, quien presenció la manifestación en persona.
Las detenciones arbitrarias con las que se violaron derechos humanos, fueron justificadas «por el riesgo que representaban las manifestantes hacia las personas que visitan la zona».
La Policía Municipal tardó alrededor de una hora en activar las detenciones contra las mujeres, participantes o no, en la protesta para exigir #JusticiaParaEvelyn. Las diferentes transmisiones en vivo realizadas por periodistas y testigos, permiten dar nitidez a las acciones de una corporación que mostró un cambio de actitud, ante la presencia Guillén Rico.
