Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en materia de combate a la corrupción e impunidad.
En la exposición de motivos, la legisladora precisó que se propone dar peso a las recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, toda vez que, en contextos de corrupción sistematizada como el de Guanajuato, las recomendaciones no vinculantes que busquen fortalecer de forma trascendente a las instituciones para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción pueden ser fácilmente ignoradas.
“De este modo, proponemos modificar varios ordenamientos para hacer vinculantes las recomendaciones emitidas por dicho Comité, y ampliar el plazo de 15 días hábiles que actualmente tienen las autoridades a quienes se dirigen las recomendaciones para dar respuesta a las mismas, hasta los 20 días hábiles, pero no sólo para dar respuesta, sino también para informar de las acciones concretas que lleven a cabo para darles cumplimiento”, comentó.
Asimismo, señaló que se plantea la constitución de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica dentro de la estructura de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; es decir, la incorporación de una unidad administrativa cuyo objeto sea la obtención de toda la información patrimonial, fiscal y económica existente en el estado, con el fin de transformarla en información de inteligencia útil para prevenir y combatir las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), así como para debilitar las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia.
“Se propone que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica se incorpore a la Secretaría de Finanzas con una estructura de tipo administrativo, lo que permitiría que la unidad se establezca en una zona neutral entre el sector económico y las instituciones encargadas de la investigación y enjuiciamiento de delitos, permitiendo generar información tanto para prevención, como para el combate económico al crimen organizado y desvío de recursos. Esto, en consonancia tanto con la Federación, como con entidades como Tamaulipas, Querétaro, Michoacán, Puebla, Chiapas, CDMX y Yucatán”, especificó.
También, indicó que se contempla incorporar dos sujetos fundamentales en el combate a la corrupción al Sistema Estatal Anticorrupción: el titular de la propuesta Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, y el titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato.
“Lo anterior, debido a que mientras el SATEG no forme parte del Sistema Estatal Anticorrupción, es difícil identificar si existen casos de defraudación fiscal por parte de servidores públicos; asimismo, puede identificarse con relativa facilidad cuánto reporta poseer el servidor público, pero sin la presencia de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica es difícil identificar cuánto gastan los altos mandos en tarjetas de crédito, compra de vehículos, de bienes inmuebles y actividades financieras”, explicó.
Finalmente, expuso que se propone que el Sistema Estatal de Fiscalización, como parte del Sistema Anticorrupción, genere mecanismos de cooperación interinstitucional permanente con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo anterior, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de las investigaciones y procuración de justicia en la materia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
