Una reciente decisión del gobierno municipal ha generado cuestionamientos tras la aprobación de un proyecto para arrendar vehículos destinados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El contrato contempla una inversión superior a los 198 millones de pesos y una vigencia que irá de septiembre de 2025 a diciembre de 2028, comprometiendo recursos de la actual administración y de las siguientes.
La documentación oficial sostiene que la flota actual se encuentra deteriorada, lo que justificaría la urgencia de renovar los vehículos con modelos más modernos. Sin embargo, lo que ha llamado la atención no es el objetivo del proyecto, sino las condiciones bajo las cuales fue diseñado.
Los términos técnicos incluidos en el proyecto de contratación establecen especificaciones sumamente detalladas, lo que podría limitar la posibilidad de participación de distintos proveedores. En lugar de abrir el proceso a una licitación amplia y competitiva, las características solicitadas parecen dirigidas a ciertos tipos de vehículos o marcas específicas, acotando el margen de competencia.
Otro punto que ha generado dudas es la insistencia en que la compra directa no es una opción viable. Esta afirmación se repite en los documentos sin acompañarse de un análisis financiero comparativo entre arrendar y adquirir los vehículos. No se especifica si se realizaron estudios de mercado, ni si se tomaron en cuenta cotizaciones o asesoría externa que sustente la decisión.
El contrato establece pagos anuales superiores a los 59 millones de pesos únicamente por el arrendamiento. Esto ha llevado a algunos sectores a preguntarse si esos mismos recursos podrían utilizarse para adquirir gradualmente nuevas unidades y así renovar la flotilla de forma permanente mediante propiedad municipal. También se desconoce cuál será la estrategia a seguir cuando el contrato concluya en 2028.
Aunque los argumentos oficiales giran en torno a la necesidad de modernizar el equipo vehicular, los documentos muestran condiciones que, por su nivel de especificidad, podrían beneficiar a ciertos participantes del mercado. La falta de transparencia en el detalle de las evaluaciones técnicas y financieras ha incrementado las solicitudes de que el gobierno municipal brinde una explicación pública clara, acompañada de datos, criterios y comparativos que sustenten el contrato.
Dado que se trata de una inversión que compromete más de tres años de presupuesto público, diversos actores han señalado la necesidad de contar con mayor claridad respecto a los beneficios y justificaciones de esta contratación multianual
