En los últimos cuatro años se recibieron miles de denuncias de acoso y abuso sexual a menores migrantes en albergues financiados por el gobierno estadounidense, incluyendo decenas de acusaciones contra empleados, de acuerdo con datos oficiales divulgados el martes.
Algunas de las acusaciones son por presunto contacto inadecuado, mostrar videos pornográficos a menores y ver a los menores cuando se bañaban.
Otras denuncias fueron por presunta conducta inapropiada de menores hacia otros menores en refugios, así como del personal del lugar.
Los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) incluyen información de los gobiernos de Barack Obama y de Donald Trump.
El representante Ted Deutch, demócrata por Florida, divulgó los datos del HHS durante una audiencia sobre las políticas de separación familiar en la frontera del gobierno de Trump.
Axios fue el primero en reportar los datos.
De octubre del 2014 a julio del 2018, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente del HHS, registró 4 mil 556 denuncias. El Departamento de Justicia recibió otras 1 mil 303, incluyendo 178 denuncias deabuso sexual de parte de un empleado.
Funcionarios de HHS dijeron que la mayoría de las acusaciones no se han corroborado y defendieron los servicios que ofrecen a los menores migrantes.
«Esto es algo que también nos preocupa», dijo el martes Jonathan White, funcionario de HHS que estuvo a cargo de la tarea de reunir a menores con sus padres, durante su testimonio ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara baja. «Cada vez que se abusa de un niño… es un caso arriba de lo tolerable. Acatamos todas las leyes que este Congreso ha aprobado, y estamos muy orgullosos del increíble historial que tenemos sobre cumplir con todas las regulaciones, incluyendo referir todas las denuncias para que sean investigadas. La gran mayoría de las investigaciones no fueron sustentadas».
La ORR se encarga del cuidado de decenas de miles de menores migrantes. Más de 2 mil 700 niños fueron separados de sus padres a mediados del año pasado en la frontera, y enviados a refugios. Pero la mayoría de los menores de edad bajo custodia del gobierno cruzaron la frontera sin compañía de un adulto.
Los menores quedan bajo custodia del gobierno hasta que puedan ser entregados a sus patrocinadores, generalmente un padre o familiar, mientras dure su proceso de inmigración. Los albergues son administrados por empresa privadas contratadas por el gobierno.
A los menores se les detiene cada vez por más tiempo, actualmente unos dos meses. Hasta la primera semana de febrero, más de 11.000 niños, infantes y adolescentes migrantes estaban detenidos como menores no acompañados, 8.500 más que el total de niños detenidos tres meses después que Trump asumió la presidencia. Decenas de miles de menores pasan por el sistema anualmente.
Las denuncias de abuso sexual son enviadas a las autoridades federales, aunque no quedó claro si a alguien le presentaron cargos criminales. En muchos casos se suspendió y eventualmente despidió a empleados.
Deutch dijo que los datos eran muy alarmantes.
«En suma, esos documentos detallan un ambiente inseguro de ataques sexuales de empleados hacia menores no acompañados», dijo.
Funcionarios del HHS dicen que las denuncias deben de ser reportadas a la ORR, los servicios de protección de menores y el FBI, y todas las denuncias que involucren adultos a las agencias locales del orden. El departamento debe de cooperar con todas las investigaciones.
Las agencias deben de capacitar a todo su personal, contratistas y voluntarios. A los empleados potenciales se les revisan antecedentes, y las instalaciones tienen prohibido contratar a alguien que ha cometido delitos de índole sexual.
Con información del Excelsior
